Política

Modifican el cálculo de los aportes sindicales por el Decreto 612/2026

El Gobierno fijó que horas extra, aguinaldo y bonos no integrarán la base imponible. Se exigen cuentas separadas para fondos sociales y asistenciales.

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este lunes un cambio clave en la reglamentación de las relaciones laborales mediante la publicación del Decreto 612/2026 en el Boletín Oficial. La normativa establece que los aportes sindicales contemplados en los convenios colectivos se calcularán únicamente sobre el salario básico y las sumas habituales. Con esta medida, que forma parte de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno busca unificar criterios de liquidación y recortar lo que define como costos accesorios en el mercado de trabajo.

Hasta la sanción de este decreto, la ausencia de una delimitación taxativa en la ley marco permitía diversas interpretaciones administrativas y judiciales según el sector de la actividad económica. En la práctica, muchos gremios incluían conceptos variables dentro del cálculo general de las cuotas de aportes. Con la nueva reglamentación, la base imponible queda restringida estrictamente a las percepciones mensuales fijas correspondientes a la categoría legal de cada empleado, excluyendo todo adicional extraordinario.

La nómina de rúbricas excluidas abarca de forma explícita las horas extraordinarias, los bonos por productividad, la participación en ganancias, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y el plus vacacional. Tampoco formarán parte de la liquidación las asignaciones no remunerativas ni cualquier otro pago de carácter eventual. Desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo fundamentaron que la meta central es evitar distorsiones salariales y reducir imprecisiones tributarias durante las negociaciones paritarias.

A la par de la reducción de la base imponible, la medida introduce obligaciones administrativas de contabilidad para las organizaciones sindicales del país. Los sindicatos deberán administrar en cuentas separadas los fondos aportados por las empresas que tengan destino social o asistencial. Esto abarca las partidas destinadas a obras sociales, previsión, capacitación o actividades culturales de los afiliados, las cuales requerirán registros contables independientes de la caja general de la institución representativa.

El Ejecutivo argumentó en los considerandos que el ordenamiento de los fondos busca asegurar una mayor trazabilidad contable antes de que la autoridad de aplicación homologue un nuevo acuerdo de partes. La exigencia de rendición diferenciada facilitará los controles de legalidad previos a la validación de cada convenio. De este modo, los empleadores deberán verificar la correcta segregación de las partidas al momento de efectuar los depósitos patronales acordados en las mesas de negociación.

El impacto territorial de la medida alcanzará tanto a los sectores industriales del cordón bonaerense y del interior como a las economías regionales del país. La unificación de criterios busca equiparar los costos operativos de las PYMES en todas las provincias argentinas. Al fijar un criterio único a nivel nacional, la administración central pretende transparentar la masa salarial y otorgar un marco de mayor previsibilidad en la contratación de personal.

La normativa entró en vigencia a partir del mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, este 20 de julio. La resolución ratifica la agenda del Ejecutivo nacional para avanzar en la reestructuración de las normas del trabajo. Con este paso, las empresas y las entidades gremiales deberán adecuar sus sistemas de liquidación y marcos contables para las próximas rondas paritarias.

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