El Gobierno nacional formalizó la puesta en marcha de un nuevo Régimen de Retiro Voluntario dirigido al personal de planta permanente y contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1203/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según los datos oficiales presentados por el Ministerio de Desregulación, el universo potencial alcanza a 20.000 empleados públicos. La Secretaría de Transformación del Estado funcionará como la autoridad de aplicación de la norma, con la facultad de prorrogar el plazo de adhesión inicial por un período único de hasta 30 días corridos. Las distintas jurisdicciones alcanzadas deberán proceder a la eliminación definitiva de los cargos presupuestarios a medida que se efectivicen las bajas.
El esquema propuesto contempla tres modalidades específicas diferenciadas por edad y años de aportes. La primera opción contempla a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no alcancen los años de servicio necesarios para jubilarse, quienes podrán optar entre percibir el 60% de su haber durante un máximo de 36 meses o recibir una gratificación única equivalente a un sueldo por año de antigüedad, con un tope de 18 mensualidades.
La segunda categoría abarca a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años con al menos 30 años de aportes acreditados. En este segmento, la compensación fijada equivale a un haber bruto por año trabajado más una suma fija adicional de cinco sueldos. Por último, la tercera alternativa aplica a mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62 años, estableciendo una gratificación de un sueldo por año de antigüedad junto a adicionales de entre cuatro y cinco remuneraciones según el tiempo acumulado en planta permanente.
El decreto establece expresamente que las personas que se acojan al régimen no podrán reingresar a la administración pública nacional. De acuerdo con los registros del INDEC, la dotación del sector público nacional descendió a 269.025 personas hacia agosto de 2026, lo que implica una reducción acumulada superior a los 74.000 puestos de trabajo respecto de los valores registrados en diciembre de 2023.
La iniciativa generó reparos dentro de la propia estructura de funcionarios nacionales, donde se señalan dificultades operativas derivadas de la falta de personal y el congelamiento salarial. Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó los términos del programa y confirmó medidas de fuerza, al considerar que el mecanismo constituye una desvinculación forzada bajo intimidación de pases a disponibilidad.
