Una encuesta elaborada por la consultora QSocial sobre 1.323 casos representativos en todo el territorio nacional arrojó que la mitad de la población consultada considera agotado su margen de espera respecto a las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei. El relevamiento, que cuenta con un margen de error de +/- 2,9%, expone un escenario caracterizado por el pesimismo sobre el rumbo de la economía personal y general. El 50% de los encuestados respondió que “ya no puede esperar más” para ver resultados concretos.
En cuanto a los plazos de tolerancia entre quienes aún sostienen expectativas de cambio, el informe precisó que un 20% manifestó disposición a aguardar hasta las elecciones de 2027. Por su parte, un 10% fijó su límite temporal en el final del año corriente y un 8% lo extendió hasta mediados de 2027, al tiempo que un 12% no adoptó una postura definida. El desglose de los datos muestra una fragmentación en los tiempos de paciencia social hacia la gestión nacional.
Al evaluar la situación actual de la Argentina, solo el 16% de los participantes calificó el presente como “bueno”. En contraste, un 35% de los consultados definió la coyuntura como “regular” y un 48% la encasilló directamente como “mala”. No obstante, al comparar la realidad actual con diciembre de 2023, un 31% sostuvo que el país está mejor.
Las proyecciones hacia el próximo año reflejan de igual modo un sesgo desfavorable para las metas oficiales. Ante la pregunta sobre la evolución económica dentro de doce meses, un 47% anticipó que la situación empeorará, un 26% confió en una mejora y un 21% estimó que el escenario se mantendrá sin cambios. Casi la mitad de los encuestados prevé un deterioro de las condiciones económicas en el mediano plazo.
El estudio de opinión pública también midió la escala de prioridades y problemáticas que más afectan a la ciudadanía. El desempleo y la pobreza encabezaron la nómina de inquietudes con el 21% de las menciones cada uno, seguidos por la corrupción con el 19%, la inflación con el 11%, la inseguridad con el 8% y los problemas judiciales con el 6%. El trabajo y la pérdida de ingresos se consolidaron como las principales urgencias de la población.
Frente a la capacidad de la administración central para ofrecer respuestas a este cuadro social, el 61% opinó que el Poder Ejecutivo no podrá resolver dichos desafíos, contra un 32% que respaldó la aptitud gubernamental. En paralelo, un 64% consideró que se gobierna “para algunos sectores”, en tanto un 25% indicó que se hace “para la mayoría”. Existe una percepción predominante de que la gestión beneficia a grupos acotados de la sociedad.
Por último, el sondeo abordó la efectividad del ajuste fiscal impulsado por la Casa Rosada y la justificación del sacrificio social. El 67% de los entrevistados rechazó la premisa de que las medidas vigentes sean un paso inevitable hacia la recuperación, e idéntico porcentaje afirmó que el esfuerzo que realiza hoy la comunidad no valdrá la pena en el futuro. Dos de cada tres argentinos desestiman el relato oficial sobre el sentido del ajuste económico.
El informe concluye que el pesimismo trasciende el ámbito metropolitano e impacta de forma pareja en los centros urbanos e industriales del interior. Las variaciones en la percepción del consumo y el empleo afectan de manera uniforme a las economías regionales. La insatisfacción social por la coyuntura económica presenta una distribución homogénea a nivel territorial.
