Política

Diputados debatirá en agosto la reforma a la Ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno busca captar divisas fuera del sistema. El oficialismo necesita 34 votos aliados para alcanzar el quórum y tratar los cambios en el impuesto a las Ganancias.

La Cámara de Diputados de la Nación reanudará su actividad parlamentaria tras el receso invernal con el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional tiene como objetivo principal incentivar la incorporación al sistema financiero formal de divisas en moneda extranjera no declaradas. De acuerdo con estimaciones que maneja la Agencia Noticias Argentinas, se calcula que existen aproximadamente 170.000 millones de dólares fuera del circuito económico bancarizado.

Para lograr la sanción de la ley, el bloque de La Libertad Avanza, que cuenta con 95 legisladores propios, deberá articular acuerdos políticos con bancadas aliadas. El oficialismo requiere sumar un mínimo de 34 diputados adicionales para alcanzar el quórum de 129 bancas necesarias para abrir la sesión en el recinto. Las conversaciones estarán lideradas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a los titulares de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.

El esquema de negociaciones abarca a representantes de la Unión Cívica Radical, el PRO, Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo, La Nequinidad y legisladores de Provincias Unidas. El Gobierno busca replicar las mayorías parlamentarias construidas en el período de sesiones extraordinarias para garantizar el tratamiento en las comisiones de trabajo. Los contactos preliminares se llevarán a cabo antes del debate en comisión con el fin de acordar el dictamen de mayoría.

Entre las modificaciones técnicas principales, la propuesta modifica las pautas de supervisión a cargo del organismo fiscalizador ARCA. El proyecto eleva del 15% al 30% el margen de inconsistencia entre bienes e ingresos declarados que habilita las auditorías de la agencia de recaudación. Esta medida busca flexibilizar los requisitos normativos para los contribuyentes que resuelvan exteriorizar tenencias financieras sin someterse a revisiones profundas.

Asimismo, la reforma contempla la ampliación del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para un universo mayor de contribuyentes. Actualmente, este mecanismo tributario especial requiere parámetros de ingresos anuales superiores a mil millones de pesos y patrimonios de diez mil millones. La nueva versión legislativa busca reducir esas exigencias de ingreso para masificar la adhesión voluntaria en las distintas escalas operativas del régimen general.

Por su parte, el bloque opositor de Unión por la Patria impulsa modificaciones específicas vinculadas a las Personas Políticamente Expuestas. La propuesta redactada por el diputado Eduardo Valdés plantea excluir expresamente a los funcionarios públicos y sus familiares directos de los beneficios del régimen simplificado. La iniciativa surgió como respuesta institucional a los cuestionamientos generados tras las rectificaciones patrimoniales realizadas por exintegrantes de la administración central.

Con estas posiciones planteadas, la agenda legislativa de agosto quedará signada por el contrapunto técnico y político entre las partes. El resultado de las negociaciones determinará las condiciones normativas para la regularización de activos durante el segundo semestre. La aprobación del texto definitivo dependerá del nivel de consenso alcanzado con las fuerzas provinciales en el Congreso.

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