La Cámara de Senadores retoma este jueves la discusión del proyecto sobre “inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Desregulación. El debate llega al recinto tras una serie de modificaciones sustanciales sobre el dictamen original. La falta de consenso con gobernadores y bloques de la oposición obligó al oficialismo a recortar los capítulos vinculados a la extranjerización de tierras rurales y la intervención en barrios populares. El texto final que se somete a votación llega fragmentado respecto de las aspiraciones iniciales del Poder Ejecutivo.
El eje principal del proyecto establece reformas al Código Civil y Comercial para implementar esquemas de desalojo acelerado. La iniciativa faculta a las autoridades judiciales a dictar la restitución de inmuebles, terrenos o campos en un lapso de 72 horas mediante intimación previa, siempre que exista prueba documental de dominio y caución juratoria. La medida impone plazos estrictos de resolución judicial que impactan de forma directa sobre la dinámica entre propietarios e inquilinos. Para los casos de morosidad contractual, la norma fija un término de 10 días corridos tras el envío de la carta documento para regularizar deudas antes de iniciar el trámite de desalojo.
Asimismo, la propuesta legislativa incluye la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. El texto deroga la prohibición de cambio de uso de suelo por 30 años en terrenos agropecuarios o pastizales incendiados. En el caso de áreas de bosques nativos, aunque se mantiene la restricción de cambio de destino, se elimina el plazo fijo de 60 años establecido en la normativa vigente. La flexibilización de los condicionamientos posteriores a incendios forestales elimina barreras de protección ambiental de larga data. Diversas organizaciones ambientales y sectores del sector productivo han manifestado posturas divergentes sobre los efectos de esta flexibilización en el desarrollo territorial.
En cuanto al régimen de expropiaciones, el texto dictaminado busca limitar la intervención estatal mediante una interpretación restrictiva del concepto de utilidad pública. La norma fija un tope del 30% en las indemnizaciones por lucro cesante y determina el cálculo de intereses mediante el Índice de Precios al Consumidor más la tasa pasiva del Banco Nación. Las restricciones al mecanismo expropiatorio reducen el margen de maniobra de las administraciones para el desarrollo de obras de infraestructura pública. Adicionalmente, el proyecto introduce cambios a la Ley Pierri de regularización dominial, permitiendo el trámite de escrituración para vivienda única a quienes acrediten la posesión pública y continua durante una década.
Antes del inicio de la discusión del dictamen, el pleno de la Cámara alta debe dirimir la validez de la participación a distancia solicitada por los legisladores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama. Aunque la vicepresidenta avaló las licencias por motivos de salud y embarazo, la modalidad requiere aprobación del cuerpo. La controversia por el quórum y las modalidades de votación refleja la paridad de fuerzas en el recinto parlamentario. La resolución requiere definir si la habilitación se aprueba por mayoría simple o si exige el consenso de los dos tercios de los presentes.
