La administración nacional encabezada por La Libertad Avanza (LLA) avanza en el diseño de una reforma electoral integral que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la reincorporación de las listas de adhesión, comúnmente denominadas colectoras. La coordinación técnica y política de estas negociaciones está a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien busca consensos clave con gobernadores y bloques legislativos. Estas modificaciones normativas apuntan a reconfigurar las reglas de juego para los comicios legislativos y de cara al escenario presidencial.
La propuesta de suspender las PASO excede el objetivo político de fragmentar la oferta electoral de la oposición, articulada principalmente en torno al peronismo. En los despachos de la Casa Rosada se evalúa que una eventual derrota oficialista en las primarias podría desencadenar una crisis de confianza financiera similar a la registrada en agosto de 2019. En aquel año, la victoria de la fórmula opositora debilitó el programa económico vigente, provocando una devaluación del 25 por ciento en una jornada cambiaria y un marcado incremento del riesgo país.
Diversos informes de consultoras y entidades de análisis financiero respaldan la sensibilidad del mercado ante los resultados electorales. Un estudio de la entidad JP Morgan señala que el programa financiero oficial requiere un escenario político despejado para asegurar el financiamiento externo por 5.000 millones de dólares en bonos. Según el informe, si la competencia electoral se torna reñida, las necesidades de financiamiento se elevarían hasta los 10.700 millones de dólares, lo que comprometería el superávit proyectado. Las encuestas actuales muestran un escenario competitivo, donde la imagen negativa del presidente se sitúa en torno al 54 por ciento.
En paralelo a la discusión económica, el armado territorial en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra movimientos estratégicos. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá reuniones de trabajo con legisladores bonaerenses y porteños de LLA para coordinar las agendas de cara al armado de futuras alianzas. En territorio bonaerense, bajo la conducción de Sebastián Pareja, el oficialismo contempla la posibilidad de conformar frentes amplios que incluyan a sectores del PRO, el radicalismo y partidos vecinales locales.
El regreso de las listas colectoras, prohibidas por decreto en el año 2019 durante la gestión de Mauricio Macri, plantea serios desafíos operativos debido a la reciente implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Especialistas en materia electoral advierten que la coexistencia de las listas de adhesión con el sistema de boleta única resulta técnicamente compleja y contradictoria. La normativa de la BUP limita la alineación de listas ajenas en la categoría de cargos ejecutivos nacionales, por lo que su coexistencia obligaría a reformular el diseño visual de las boletas.
La viabilidad del paquete de reformas en el Congreso depende del acompañamiento del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, que cuenta con 12 legisladores clave conducidos por Cristian Ritondo. Por su parte, en el Senado, el oficialismo requiere reunir una mayoría de 37 voluntades para de forma definitiva sancionar las modificaciones a la legislación electoral vigente. Mientras que el peronismo manifiesta un rechazo cerrado a reinstaurar las colectoras, la Unión Cívica Radical mantiene posturas divididas respecto a flexibilizar la obligatoriedad de las primarias.
