Un operativo derivado de una denuncia federal generó controversia en el norte del país tras la detención de un trabajador rural en la provincia de Jujuy. El ciudadano Franco Oscari, de 24 años, fue aprehendido en un paraje alejado de la capital jujeña. Según la denuncia presentada originalmente ante los tribunales federales de Comodoro Py por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el joven habría vertido expresiones de carácter intimidatorio a través de la plataforma digital Facebook. El procedimiento, ejecutado por la Policía Federal Argentina el pasado 23 de junio a las 5:00 horas, inició una secuencia de traslados que motivó la intervención urgente de organismos de defensa de derechos humanos y representantes legales.
La defensa técnica del acusado, encabezada por la abogada María José Castillo, impugnó las condiciones en las que se llevó a cabo el arresto en el territorio. La letrada denunció que el despliegue policial de la fuerza federal resultó desproporcionado e irregular. De acuerdo con la presentación de la defensa, los familiares directos de Oscari no recibieron información sobre los motivos del allanamiento ni sobre la orden de captura emanada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente judicial se tramita actualmente en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo, quien autorizó las medidas de restricción de la libertad ambulatoria bajo la carátula de presuntas amenazas e intimidación pública.
El itinerario posterior a la detención del imputado constituyó el eje central de los reclamos administrativos presentados ante el Poder Judicial de la Nación. Oscari permaneció incomunicado y fue trasladado en un vehículo oficial por distintas jurisdicciones provinciales. Sus abogadas patrocinantes señalaron que perdieron el rastro del joven durante más de nueve horas consecutivas, logrando localizarlo hacia el final de la jornada en una dependencia policial de la provincia de Tucumán. Ante este escenario, el equipo legal interpuso dos recursos de habeas corpus de manera simultánea y formalizó una oposición técnica para frenar el traslado definitivo del detenido hacia los tribunales de la Capital Federal.
DETENIDO POR INSULTAR A BULLRICH POR FACEBOOK
— El Destape 1070 (@eldestape_radio) June 26, 2026
🗣"En el supuesto de que hubiera habido un mensaje, el procedimiento constitucional es otro. No se detiene, se lo indaga. Se establece la jurisdicción, que en este caso es Jujuy, no Comodoro Py. Un ciudadano que comete un delito en… pic.twitter.com/ZNM3hdtIzA
En el plano procesal, las objeciones de la defensa apuntan a la falta de pruebas técnicas que vinculen directamente al implicado con la cuenta digital investigada. La abogada Castillo remarcó que las pericias informáticas sobre el teléfono celular aún no se realizaron. Según la declaración preliminar del propio imputado, existe la posibilidad de que terceras personas hayan utilizado su dispositivo móvil o su perfil de usuario para realizar las publicaciones objeto del litigio. La defensa argumenta que la legislación vigente establece que el joven debe ser investigado y juzgado bajo la jurisdicción territorial de la provincia de Jujuy, respetando el principio del juez natural y las garantías constitucionales básicas.
Por otra parte, la resolución judicial que denegó la excarcelación del trabajador rural fundamentó los riesgos procesales basándose en su condición socioeconómica y geográfica. El dictamen fiscal consideró que la residencia en un paraje rural configura un potencial peligro de fuga. El ministerio público argumentó además que la falta de un empleo bajo relación de dependencia formal y la cercanía de la provincia con los límites internacionales aumentan las posibilidades de que el imputado abandone el territorio nacional. Los representantes legales rechazaron esta interpretación, señalando que la condición de vulnerabilidad de un productor agrario no puede ser utilizada por los magistrados como un argumento punitivo para mantener la prisión preventiva.
DETENIDO POR INSULTAR A BULLRICH POR FACEBOOK
— El Destape 1070 (@eldestape_radio) June 26, 2026
🗣"Hay una denuncia de Patricia Bullrich en el juzgado de Lijo. Ayer a partir de las 10 de la mañana perdimos datos sobre su paradero. Recién a las 20 horas pudimos dar que estaba en Tucumán. Fue paseado por distintas provincias del… pic.twitter.com/QwrAgP03Kx
El caso tomó trascendencia a nivel nacional debido a las discusiones en torno a los alcances de la libertad de expresión y el uso de los recursos del Estado. Las organizaciones gremiales agrarias de la región norte manifestaron su preocupación ante el precedente judicial. Los asesores letrados indicaron que la normativa internacional protege el arraigo de las comunidades campesinas y obliga a los juzgados federales a proveer asistencia bilingüe o adaptada en caso de aislamiento geográfico. El expediente continuará su curso administrativo la próxima semana, cuando se resuelvan las apelaciones sobre la competencia del juzgado de Comodoro Py y se fije la fecha para la declaración indagatoria definitiva.
