El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación ante diversos proyectos orientados a modificar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, popularmente conocida como Ley de Etiquetado Frontal. Las iniciativas bajo la lupa proponen la eliminación de los característicos sellos octogonales negros de advertencia y la flexibilización de las restricciones vigentes sobre el marketing de productos alimenticios dirigido a las infancias.
Laura Salzman, presidenta de la entidad que nuclea a los profesionales bonaerenses, advirtió que la ofensiva legislativa trasciende la mera estética de los envases. “Lo que está en riesgo no es sólo el etiquetado frontal sino un conjunto de políticas públicas, entre ellas regulaciones relacionadas con la publicidad dirigida a la niñez, la promoción de productos no saludables y en entornos escolares”, detalló.
Respaldado por evidencia científica
Desde la institución recordaron que la normativa vigente no es un diseño arbitrario, sino una herramienta de salud colectiva construida sobre sólida evidencia técnica y avalada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El sistema de octógonos permite traducir de forma inmediata tablas nutricionales complejas en advertencias legibles.
- Función de los sellos: Identifican rápidamente excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías.
- Prevención: Apuntan a disminuir los índices de enfermedades crónicas no transmisibles, uno de los mayores desafíos sanitarios del país.
- Eficacia: Según datos científicos, es el método más eficiente para aumentar la percepción de riesgo y desalentar la compra de ultraprocesados.
Impacto en la niñez y la salud pública
Los especialistas bonaerenses enfatizaron que cualquier alteración al esquema actual representaría un retroceso institucional grave que profundizaría las desigualdades sociales. Los niños, niñas y adolescentes resultan ser la población más vulnerable ante las estrategias de marketing de la industria alimentaria, por lo que desmantelar estas regulaciones debilitaría el cuidado de los entornos escolares.
La postura del sector profesional expone de manera factual que el acceso a la información alimentaria clara es un derecho humano y soberano. Frente a los intentos de desregulación comercial, los nutricionistas de la provincia sostienen que la alimentación no puede reducirse a una simple decisión de consumo individual, sino que debe ser defendida como una prioridad de la salud pública y una herramienta equitativa de protección social.
