Las federaciones docentes universitarias comenzaron este martes una nueva medida de fuerza de una semana que paralizará las clases en las casas de estudio de todo el país hasta el sábado 30 de mayo. El paro, que se produce tras la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 12 de mayo, es el cuarto que se extiende por siete días en lo que va del año y acumula ya unos 20 días sin actividad académica, lo que pone en riesgo el normal desarrollo y los contenidos del primer cuatrimestre.
La protesta, encabezada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), reclama el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura urgente de paritarias sectoriales. Según estimaciones de los sindicatos de la actividad, el sector docente y nodocente arrastra una pérdida del poder adquisitivo cercana al 40% desde el inicio de la gestión del gobierno nacional de Javier Milei.
El alcance en el mapa bonaerense
En el territorio de la provincia de Buenos Aires, la medida de fuerza cuenta con una fuerte adhesión a través de las organizaciones gremiales de base. El freno a la actividad académica impacta directamente en instituciones clave para el desarrollo regional como la Universidad Nacional de La Plata (ADULP), Quilmes (ADIUNQ), Mar del Plata (ADUM), José C. Paz (ADUPAZ) y la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (ADUNOBA). El esquema también afecta a las principales universidades nacionales del resto del país, como las de Córdoba, Rosario, Tucumán y el Nordeste.
Debido al feriado del lunes 25 de mayo, el plan de lucha se concentrará entre el martes 26 y el sábado 30 con un cronograma que incluye jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en los predios universitarios. Asimismo, el frente de conflicto sumará el acompañamiento de los trabajadores nodocentes, quienes anunciaron ceses de actividades propios para el viernes 29 de mayo, el miércoles 3 de junio y el jueves 4 de junio.
La continuidad de las medidas de fuerza expone de manera factual la profundidad del conflicto entre el ajuste presupuestario aplicado por la administración nacional sobre la educación superior y el reclamo de las comunidades académicas. Para una generación de estudiantes que tiene entre 18 y 35 años y que transita las aulas bonaerenses, la parálisis del cuatrimestre debido a la falta de acuerdo salarial compromete de forma directa el derecho a la educación pública y el desarrollo profesional de la región.
