El Gobierno nacional oficializó este jueves los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas natural y gas propano indiluido, en un contexto marcado por la emergencia energética vigente hasta diciembre de 2027 y por un clima social cada vez más tenso frente al aumento del costo de vida. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial y dictadas por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), actualizan los valores que deberán pagar usuarios de todo el país y reconfiguran el esquema de abastecimiento para regiones que dependen del propano por redes.
El ajuste incluye una modificación clave: el valor del gas propano indiluido se fijará en un 60% del precio calculado según los procedimientos técnicos vigentes. Esto afecta especialmente a localidades que no cuentan con acceso al gas natural convencional y dependen de este sistema para calefaccionarse y cocinar. En un país donde las desigualdades territoriales son profundas, la medida vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el acceso equitativo a la energía.
El Gobierno sostiene que las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) seguirán vigentes para los sectores vulnerables, y que las distribuidoras deberán reflejar esos descuentos en las facturas. Sin embargo, la preocupación crece porque el aumento llega en simultáneo con otro debate que podría tener un impacto aún mayor: la posible eliminación del régimen de Zona Fría, actualmente en tratamiento en el Senado.
Zona Fría es un beneficio que reduce entre un 30% y un 50% las facturas de gas en regiones donde las bajas temperaturas obligan a un consumo mucho más alto que en el resto del país. La Provincia de Buenos Aires —especialmente la franja costera y serrana—, junto con la Patagonia y otras zonas del interior, dependen de este esquema para evitar que el gas se convierta en un gasto impagable durante el invierno. Si el Congreso avanza con la eliminación del beneficio, el impacto se sumará a los nuevos cuadros tarifarios y podría traducirse en aumentos significativos para millones de hogares.
En la Región Pampeana, los usuarios residenciales de bajo consumo (R1) bajo la órbita de Camuzzi Gas Pampeana enfrentarán un cargo fijo de $13.034,97 y un valor por metro cúbico de $361,63. En el sur del país, la actualización alcanza a Chubut, Santa Cruz y Neuquén a través de Camuzzi Gas del Sur y empresas asociadas como HIDENESA y Distrigas. En Santa Fe, Litoral Gas establece cargos fijos desde $11.085,09, mientras que en Mendoza, Distribuidora de Gas Cuyana fija el valor por metro cúbico en $399,97 y un cargo fijo de $17.890,82. En el NEA, Gas Nea aplicará tarifas plenas que van desde $452,63 por m³ en Corrientes hasta $502,93 en Formosa.
La combinación de estos aumentos con la posible quita de Zona Fría genera un escenario de fuerte incertidumbre. Organizaciones de consumidores, sindicatos y referentes territoriales advierten que el impacto sería inmediato y profundo, especialmente en hogares de ingresos medios y bajos que ya destinan una parte considerable de sus recursos a servicios esenciales. En ciudades costeras como Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell o Miramar, donde el invierno es largo y húmedo, el gas no es un lujo: es una necesidad básica.
Mientras tanto, el Gobierno argumenta que la readecuación tarifaria es parte de un proceso de “ordenamiento del sistema energético”, pero evita pronunciarse sobre el futuro de Zona Fría. En el Congreso, el debate promete ser intenso: legisladores de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia ya anticiparon que rechazarán cualquier intento de eliminar el beneficio.
El invierno todavía no empezó, pero la discusión ya está instalada. Y para millones de usuarios, la pregunta es una sola: ¿cuánto más podrán absorber sus bolsillos?
