El femicidio de Marisol Oyhanart, ocurrido en la ciudad bonaerense de Saladillo en abril de 2014, avanzará finalmente hacia la instancia de juicio oral tras doce años de demoras, sospechas y giros en la investigación. El expediente quedó radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata. El acusado, Diego Jonatan Bianchi, afrontará el proceso bajo los cargos de abuso sexual, robo y homicidio agravado.
El hecho sucedió el 14 de abril de 2014, cuando Oyhanart, de 38 años, salió a caminar por la tarde y fue interceptada. La reactivación de la causa, que estuvo cerca de prescribir debido al paso del tiempo, se consolidó luego de que la fiscal platense Cecilia Corfield retomara la investigación y tomara declaración indagatoria al sospechoso el 17 de diciembre de 2025.
Las pericias forenses incorporadas al expediente determinaron que la víctima falleció por asfixia mecánica provocada por compresión cervical, compatible con un estrangulamiento manual. El cuerpo presentaba además fractura nasal, lesiones en el rostro y signos de abuso sexual. La fiscalía sustentó la acusación en testimonios que ubicaron a Bianchi en las inmediaciones del lugar del hallazgo, presuntas confesiones extrajudiciales ante familiares y antecedentes de acoso contra mujeres que realizaban actividad física en la zona.
Durante la instrucción, el caso incluyó líneas de investigación complejas que quedaron relegadas por la fiscalía actual. Inicialmente se analizó si el imputado era un “perejil” y si existió un encubrimiento por parte de siete efectivos policiales para desviar la atención de un empresario agropecuario de la región. El expediente también sumó conexiones con el crimen de Stella Maris Sequeira, esposa del exabogado de Bianchi, Rubén Carrazzone, quien fue condenado por matarla luego de que ella manifestara saber quién era el responsable del caso Oyhanart.
La elevación a juicio de este expediente expone de manera factual las dilaciones del sistema judicial para dar respuesta rápida a los delitos de violencia de género. En una provincia donde la demanda por justicia y la perspectiva de derechos son centrales, una espera de doce años para el inicio de un debate oral evidencia la persistencia de trabas institucionales en el acceso a la verdad.
