El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la reglamentación de la Ley N° 27.801, normativa que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina. Con esta medida, se deroga el esquema legal vigente desde 1980 y se establece una nueva estructura penal y de seguimiento institucional para adolescentes de entre 14 y 18 años incompletos.
La nueva normativa fija un régimen diferenciado del que rige para los adultos. La ley permite que los jóvenes a partir de los 14 años sean imputados por delitos contemplados en el Código Penal, tomando en cuenta la edad exacta del adolescente al momento de cometer el hecho. El texto contempla sanciones máximas de hasta 15 años de prisión y promueve herramientas orientadas a la responsabilidad social, la educación y la reinserción.
El Ministerio de Justicia fue designado como la autoridad de aplicación principal. Esta cartera administrará la ejecución de las herramientas contempladas en la ley y coordinará las acciones con las distintas jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una de las figuras centrales que crea el decreto es el supervisor especializado. Este profesional tendrá a su cargo la asistencia, el seguimiento y el control de los adolescentes imputados en el marco del proceso judicial. Quienes cumplan este rol deberán acreditar formación técnica o universitaria en disciplinas como trabajo social, psicología, pedagogía o adicciones.
Para ordenar el cuerpo técnico, el decreto crea el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. El Ejecutivo estableció un período de transición de 180 días corridos para habilitar la inscripción definitiva. Durante este lapso, el Ministerio de Justicia elaborará una lista provisoria para que los jueces puedan efectuar las designaciones en las causas activas.
El esquema normativo crea el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil. Este organismo permanente funcionará dentro del Ministerio de Justicia y estará integrado por representantes de las carteras de Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud, con rango no inferior a Director Nacional, para estructurar políticas transversales de prevención y salud.
A nivel territorial, se institucionalizó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. La instancia busca unificar los criterios procesales, coordinar convenios de cooperación e intercambiar datos entre la Nación, los gobiernos provinciales, la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General.
La reglamentación ya registró antecedentes de aplicación práctica en el territorio bonaerense. En la ciudad de Mar del Plata, la Policía detuvo a un menor de 15 años junto a otro de 17 que se encontraban armados dentro de una propiedad privada. Los jóvenes fueron imputados por el fiscal de la causa, aunque la justicia de garantías dispuso la libertad del menor de 15 años mientras avanza el proceso.
El decreto ratifica que la norma entra en vigencia en forma simultánea con la ley. Las autoridades contarán con las facultades administrativas para emitir resoluciones aclaratorias sobre el resguardo de antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia.
