La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la ampliación del régimen de emisión de comprobantes electrónicos y uso de controladores fiscales mediante la Resolución General 5893/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La normativa busca integrar al sistema digitalizado a categorías de contribuyentes que hasta el momento contaban con excepciones o modalidades diferenciadas de facturación. Con este paso, el Estado nacional intenta formalizar la totalidad de las operaciones comerciales del país.
La primera etapa del cronograma de implementación comenzará el 1° de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, la obligación alcanzará a los pequeños contribuyentes del Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente. Asimismo, la disposición comprende a todas las personas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. De este modo, los trabajadores independientes encuadrados en estos esquemas deberán abandonar de forma definitiva la facturación manual para registrar sus ventas.
El esquema dispuesto por las autoridades tributarias prevé un segundo tramo que entrará en vigencia el 1° de marzo de 2027. En esta fase deberán comenzar a emitir comprobantes electrónicos los sujetos que no estén alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta medida incorpora a un grupo heterogéneo de prestadores de servicios y profesionales que mantenían exenciones o metodologías tradicionales para respaldar sus actividades económicas ante el organismo recaudador.
Los contribuyentes incluidos en la resolución deberán utilizar las plataformas digitales que mantiene operativas la agencia estatal. A través de estos sistemas oficiales se podrán generar facturas, notas de crédito y demás documentos respaldatorios de las transacciones. El organismo habilitará la gestión automática de puntos de venta dentro del sitio web institucional para facilitar la adecuar las herramientas operativas sin requerir trámites presenciales por parte de los usuarios.
La reglamentación restringe el uso de los talonarios de papel impresos por imprentas autorizadas. Los comprobantes impresos quedarán reservados exclusivamente como un mecanismo de contingencia ante fallas técnicas. Esto significa que los comerciantes o prestadores solo podrán recurrir al talonario físico ante cortes prolongados de energía o caídas comprobables de la conectividad a internet en el lugar de trabajo.
Con la instrumentación de esta nueva normativa, el Gobierno busca incrementar la trazabilidad de las operaciones comerciales en todo el territorio nacional. El proceso de digitalización integral busca reducir los costos de cumplimiento y mejorar los controles de fiscalización. La transición requerirá que miles de pequeños productores y prestadores de servicios adapten sus tareas cotidianas a las herramientas electrónicas.
