El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires coordinó este miércoles 17 de junio un total de 121 allanamientos en 76 localidades bonaerenses, denominados oficialmente “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”. En el Departamento Judicial de Azul, las acciones se tradujeron en siete procedimientos simultáneos enfocados en las ciudades de Azul, Olavarría, Tandil y Rauch. La investigación penal preparatoria se centra en la presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
La dirección de los operativos estuvo a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General, liderada por el Dr. Julio Conte-Grand. A nivel regional, las causas fueron tramitadas por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada, cuyo titular es el Dr. Adrián Peiretti. Los procedimientos contaron con la autorización y el aval de distintos Juzgados de Garantías locales.
El origen de las actuaciones judiciales se remite a reportes automáticos generados por las plataformas digitales Google Photos y Google Drive. Estos sistemas de almacenamiento en la nube detectaron cuentas de usuarios que guardaban imágenes, videos y capturas de pantalla con contenido explícito que involucraba a menores de 18 años de edad. Las alertas tecnológicas permitieron individualizar las direcciones IP y los domicilios de los sospechosos en la provincia.
En la ciudad de Tandil, las órdenes de registro fueron convalidadas por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. José Moragas. Por su parte, en Olavarría intervino el juzgado de la Dra. Fabiana San Román, mientras que en Rauch hizo lo propio el juzgado del Dr. Federico Barberena. En la ciudad de Azul actuaron los magistrados Federico Barberena y Juan José Suárez.
Como resultado del despliegue policial en los siete domicilios de la región, se incautó una cantidad significativa de material tecnológico y de comunicación. El parte oficial detalló el secuestro de 80 computadoras de escritorio y portátiles, 160 dispositivos de almacenamiento externo como discos rígidos y memorias, y 165 teléfonos celulares. Las fuerzas de seguridad también incautaron dos armas de fuego durante las requisas a las viviendas.
Los elementos electrónicos secuestrados fueron derivados a los laboratorios periciales informáticos correspondientes para evaluar su contenido. El objetivo de las pericias es determinar de manera fehaciente la existencia de material delictivo y establecer el nivel de participación de los investigados. Las figuras legales analizadas corresponden a los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.
Este operativo representa la séptima edición de las acciones coordinadas por los fiscales de la provincia dedicados a delitos informáticos contra la integridad sexual de menores. Las autoridades judiciales señalaron que los delitos perseguidos abarcan la tenencia, producción, distribución de material prohibido y el acoso virtual conocido como grooming. Ninguno de los imputados de la región tiene su situación procesal definida de manera firme.
La recolección de pruebas en el territorio bonaerense continuará mediante la apertura y análisis de los teléfonos móviles secuestrados. La Procuración General bonaerense mantendrá la centralización de los datos obtenidos para entrecruzar información con otras jurisdicciones del país. Los juzgados intervinientes determinarán los llamados a declaración indagatoria en los próximos días.
