El Gobierno nacional definió la implementación de un nuevo esquema de subsidios eléctricos para las provincias del Norte Grande. La medida contempla el incremento de los límites de consumo con asistencia estatal durante el período estival, comprendido entre los meses de noviembre y abril. Pese a que un sector de los mandatarios provinciales solicitaba el dictado de una ley para otorgarle mayor estabilidad y previsibilidad jurídica al beneficio, el Ejecutivo nacional optó por formalizar el entendimiento mediante el dictado de una resolución administrativa.
La negociación de la pauta energética fue encabezada por funcionarios del Gabinete nacional junto a representantes de las administraciones del Norte Grande. Participaron de las mesas de trabajo los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta, Leandro Zdero de Chaco, Carlos Sadir de Jujuy y el mandatario correntino Juan Pablo Valdés, acompañados por sus respectivos equipos técnicos. El consenso alcanzado busca dar respuesta a la elevada demanda energética que registran esas jurisdicciones durante los meses de temperaturas extremas.
El entendimiento dispone un incremento en los bloques de consumo subsidiados según la categorización climática de las distintas regiones. En aquellos territorios calificados técnicamente como zonas muy cálidas, el techo de consumo asistido se elevará de 300 a 550 kWh mensuales. Por su parte, para las localidades encuadradas dentro de la categoría de zonas cálidas, el límite pasará de los 150 kWh vigentes a un nuevo margen de 300 kWh por mes.
En forma paralela, la Casa Rosada busca articular este entendimiento energético con el debate legislativo pendiente en el Senado. El objetivo del oficialismo es utilizar el consenso alcanzado con las provincias del norte para destrabar la reforma al régimen de Zonas Frías. Dicha iniciativa parlamentaria, que ya cuenta con la aprobación previa de la Cámara de Diputados, modifica el esquema de beneficios tarifarios en el servicio de gas natural distribuido en diversas regiones del país.
El proyecto en tratamiento plantea reconfigurar el alcance territorial fijado durante la ampliación legislativa sancionada en el año 2021. La propuesta busca focalizar el descuento automático en las tarifas únicamente en la región patagónica, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza. Para las restantes zonas que habían sido incorporadas en la última reforma, la asistencia estatal quedará supeditada a que los usuarios residenciales acrediten condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad.
La reestructuración del esquema de Zonas Frías proyecta un ahorro fiscal de aproximadamente 272.000 millones de pesos anuales. En sentido inverso, la ampliación de los topes de consumo de energía eléctrica para las zonas cálidas demandará un desembolso fiscal estimado entre los 71 millones y los 95 millones de dólares al año. Las cifras forman parte de los análisis financieros con los que las autoridades nacionales buscan equilibrar las partidas presupuestarias del sector energético.
La principal complicación para el oficialismo se concentra en el armado de las mayorías parlamentarias dentro de la Cámara alta. Senadores que representan a las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Neuquén manifiestan reparos sobre el texto normativo, dado que sus distritos poseen departamentos alcanzados por el régimen actual. Esta resistencia transversal genera incertidumbre sobre la recolección de los votos necesarios para asegurar la sanción definitiva.
Ante la falta de garantías en el conteo de votos, la conducción del bloque oficialista aún no fijó fecha para el tratamiento. El manejo de la estrategia y de los tiempos parlamentarios quedó bajo la coordinación de la ministra Patricia Bullrich. Las negociaciones buscan consolidar los apoyos del bloque norteño sin perder el respaldo de aquellos legisladores pertenecientes a los distritos donde la quita de subsidios al gas generará un mayor impacto en las tarifas de los usuarios residenciales.
