
El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, comenzó una serie de gestiones en el Senado con el objetivo de asegurar los votos necesarios para aprobar la modificación de la Ley de Zona Fría. La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo, es considerada prioritaria por el presidente Javier Milei en el marco del plan de reducción del gasto público. El tratamiento legislativo coincide con un marcado descenso de la temperatura en el territorio bonaerense, donde se registraron marcas térmicas bajo cero en numerosas localidades de la región central y del sur de la provincia. El Poder Ejecutivo busca acelerar el debate para limitar el alcance del programa de subsidios gasíferos.
"Sierra de los Padres":
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La estrategia gubernamental se centró en un encuentro liderado por Santilli y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a los presidentes de los bloques dialoguistas en la Cámara Alta. El propósito de la reunión fue realizar un monitoreo del nivel de acompañamiento, dado que el oficialismo de La Libertad Avanza aún no cuenta con las voluntades aseguradas para la aprobación definitiva. De convertirse en ley el proyecto, se estima que aproximadamente 1.240.000 hogares pertenecientes a 94 distritos de la provincia de Buenos Aires perderán los descuentos vigentes en sus tarifas. La gestión nacional proyecta un ahorro fiscal de 250.000 millones de pesos mediante esta reforma estructural.
"Mar del Plata":
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Para destrabar la votación, el oficialismo apunta a conseguir el respaldo de diez senadores alineados con los gobernadores del Norte Grande argentino. Este bloque regional condicionó inicialmente su apoyo a la creación de una “zona cálida” que otorgue reducciones en las tarifas de energía eléctrica durante la temporada estival. Aunque dicho beneficio no fue incorporado formalmente en el texto de la ley que cuenta con media sanción, las negociaciones continúan abiertas en torno a garantías de contraprestación energética antes de que el dictamen llegue al recinto. Santilli manifestó su expectativa de avanzar basándose en la base de apoyos construida previamente en Diputados.
El cambio normativo altera sustancialmente el método de facturación del servicio de gas natural para los usuarios residenciales. Actualmente, los beneficiarios reciben un descuento directo del 30% o del 50% sobre el monto total de la boleta emitida por las distribuidoras. La nueva reglamentación estipula que la bonificación se calculará de forma exclusiva sobre el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el cual representa el valor del gas en boca de pozo. El Estado nacional dejará de financiar los descuentos aplicados al transporte y a la distribución de gas.
Esta segmentación técnica implica que ítems como el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el transporte troncal se pagarán de manera íntegra, elevando el costo final para todas las regiones del país. En el caso específico de las comunas bonaerenses que queden excluidas del régimen, la deducción final sobre la factura total rondará el 15%, debido a que el PIST abarca solo una fracción del costo residencial. Frente a este panorama, diversos jefes comunales de localidades como Bahía Blanca, Tres Arroyos, Olavarría y Tandil expresaron su preocupación ante el impacto social de la medida. Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor encabezan campañas de recolección de firmas en rechazo al proyecto.



