El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó formalmente la transferencia del complejo hotelero de Chapadmalal y de los bienes del Museo Evita. El reclamo, encabezado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, se produjo tras la publicación de una nueva resolución nacional que ordena el cese total de actividades, el desalojo de empleados y la puesta a disposición de la infraestructura ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
La medida del Ejecutivo nacional afecta tanto a la Unidad Turística de Chapadmalal, ubicada a 40 kilómetros de Mar del Plata, como a la de Embalse, en la provincia de Córdoba. En el caso del complejo cordobés, la resolución habilita a la AABE a enajenar o transferir 300 hectáreas que incluyen 7 hoteles y 51 bungalows. Para las instalaciones bonaerenses, el objetivo oficial es avanzar hacia una licitación para su explotación comercial privada, luego de que fueran declaradas “innecesarias” por la administración central.
🚨 LA DESTRUCCIÓN DE UN DERECHO. El Gobierno Nacional avanza con un plan sistemático de privatización y vaciamiento de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse. Más de 80 años de historia y conquista del turismo social están en riesgo. Abrimos hilo 👇
— Augusto Costa (@CostaAugusto9) May 26, 2026
El debate por el derecho al descanso
A través de sus canales oficiales, el ministro Costa denunció un “plan sistemático de privatización y vaciamiento” que pone en riesgo más de 80 años de historia de turismo social. “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios”, afirmó el funcionario bonaerense, quien anticipó que la disputa se sostendrá en los frentes judicial, legislativo y territorial.
Costa señaló que el impacto de las medidas es directo: las unidades hoteleras pasaron de alojar a más de 84 mil personas en 2023 a registrar “cero turistas” durante 2025 y 2026, como consecuencia del Decreto 2016/2026 que eliminó la obligación estatal de brindar servicios de turismo social. Asimismo, cuestionó el desalojo de 30 familias que residían en el predio por prestar servicios anuales, contrastándolo con la continuidad de las comodidades de la Residencia Presidencial dentro del mismo predio.
La disputa por Chapadmalal expone de manera factual la confrontación de dos modelos de gestión en el territorio bonaerense. Mientras el Gobierno nacional aplica una política de reducción del gasto y liquidación de activos públicos bajo criterios de mercado, la administración provincial defiende estos complejos como símbolos de la dignidad trabajadora y herramientas de inclusión para familias vulnerables, jubilados y estudiantes de escuelas públicas.
