Las terminales marítimas y fluviales de toda la Argentina registran una medida de fuerza nacional impulsada por los principales gremios del sector. La protesta surgió en respuesta directa a la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, un marco regulatorio mediante el cual el Poder Ejecutivo busca desregular la actividad portuaria y el servicio de practicaje. Esta situación mantiene en pausa la operatoria habitual en los puntos de entrada y salida del comercio exterior del país.
El centro del conflicto radica en la modificación del esquema de contratación que rige sobre la navegación y la maniobra de buques. Según los considerandos de la medida gubernamental, el objetivo principal es eliminar regulaciones consideradas obsoletas, recortar costos logísticos para los exportadores y abrir el mercado a la libre contratación entre armadores y profesionales independientes. Desde la Casa Rosada aseguran que esta apertura resulta indispensable para modernizar la competitividad de las terminales locales frente a los puertos de la región.
En contraposición, las organizaciones sindicales afirman que la reforma vulnera derechos laborales adquiridos y compromete la seguridad náutica. Prácticos, pilotos y baqueanos sostienen que habilitar la contratación directa sin respetar las exigencias del régimen previo distorsiona el funcionamiento de una actividad estratégica. Asimismo, los gremios cuestionan la decisión del Ejecutivo de implementar una transformación estructural mediante un decreto de necesidad y urgencia, en lugar de encauzar el debate en el Congreso Nacional o convenir una mesa de diálogo previa con los actores involucrados.
La interrupción de las actividades operativas genera un impacto directo en la logística agroexportadora e industrial del territorio argentino. Las complicaciones se concentran con mayor intensidad en el polo del Gran Rosario, por donde circula aproximadamente el 80% de los embarques de granos y subproductos agrícolas del país. De igual manera, las dificultades de amarre y maniobra se extienden a terminales marítimas bonaerenses como Bahía Blanca y Quequén, y a puntos de recepción de combustibles en el Dock Sud.
Este marco desregulador sustituye un régimen normativo que se mantenía vigente desde la década de 1990 sin variaciones sustanciales. A lo largo de las últimas tres décadas, la actividad del practicaje operó bajo reglas estrictas que fijaban cupos de ingreso y tarifas reguladas para garantizar la asistencia a los capitanes en tramos complejos como el Río de la Plata y el río Paraná. La remoción repentina de estos requisitos generó un choque entre la visión del Gobierno sobre la desregulación económica y el modelo de organización gremial preexistente.
Con decenas de buques fondeados a la espera de autorización para operar, el sector productivo advierte sobre los sobrecostos en dólares por cada día de demora. Cada barco detenido en rada genera gastos diarios significativos por flete e inmovilización de carga, lo cual repercute en la previsibilidad de los contratos internacionales de exportación. Además, de prolongarse el paro, algunas plantas de procesamiento de granos y refinerías podrían ver afectada su capacidad de almacenamiento en los muelles de despacho.
El desenlace de la medida de fuerza depende de la posible apertura de instancias formales de negociación entre el Gobierno y las partes. Mientras las autoridades nacionales evalúan alternativas administrativas y notificaciones normativas para reanudar el tránsito fluvial y marítimo, las entidades sindicales condicionan el levantamiento de la protesta a una revisión del decreto. El escenario actual mantiene a los actores del comercio exterior a la expectativa de una resolución que destrabe la logística en las rutas fluviales del país.
