El Enduro del Invierno 2026 derivó en una causa judicial que tramita en la provincia de Buenos Aires. La controversia se inició tras la presentación de dos denuncias penales promovidas por distintos sectores que solicitan investigar las condiciones administrativas y ambientales en las que la Municipalidad de Pinamar autorizó la realización de la competencia costera.
La primera presentación fue efectuada por el abogado Lucas Ventoso, mientras que la segunda estuvo a cargo de los concejales Gregorio Estanga y Violeta Saquilán. Ambas denuncias se concentran en esclarecer el trámite de autorización y los eventuales daños sobre el frente marítimo.
El escrito elevado por Ventoso solicita investigar la conducta del concejal Alejo Yeza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y daño ambiental. En el caso del intendente Juan Ibarguren, el planteo requiere determinar si existió una infracción administrativa en la promulgación de la norma habilitante y la ejecución de los trabajos sobre el terreno costero.
Uno de los ejes centrales expuestos en la denuncia radica en el vínculo comercial entre el concejal Yeza y Rodrigo Ezequiel Allue. Según la documentación presentada, ambos comparten la titularidad de la firma Grupo TR2 Pinamar SRL desde el año 2022. Este aspecto cobra relevancia debido a que Allue firmó la solicitud de habilitación del evento en representación de la empresa organizadora, EDV Entertainment SA, marco en el cual la Ordenanza 7342/26 fue aprobada por el cuerpo deliberativo local.
Por su parte, los concejales Estanga y Saquilán basaron su presentación en las inconsistencias del expediente administrativo y el cumplimiento de las normativas ambientales. Un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente provincial señaló la ausencia de registros sobre trámites de evaluación para esta competencia. Asimismo, los ediles cuestionaron que la ordenanza municipal incluyó autorizaciones con efecto retroactivo para tareas de movimiento de suelo que comenzaron antes de su sanción formal.
En relación al uso del espacio público, los denunciantes precisaron que el trazado del circuito ocupó aproximadamente el 30% de la superficie de las playas públicas de la localidad. La norma aprobada dispuso eximir a la firma organizadora del pago de cánones por ocupación de espacio, así como de los tributos vinculados a la publicidad y comercialización. Las estimaciones contenidas en la causa calculan una recaudación privada cercana a los 500.000 dólares mediante inscripciones, entradas y patrocinios comerciales.
Frente a estos señalamientos, el intendente Ibarguren rechazó las acusaciones sobre conflictos de interés. El jefe comunal afirmó que el edil no posee participación en la firma organizadora y destacó el impacto positivo del evento en la economía local. Según los datos provistos por la administración municipal, la competencia generó una ocupación hotelera cercana al 60%, creó más de 300 puestos de trabajo temporales y reunió una asistencia superior a los 50.000 espectadores durante sus jornadas.
El expediente judicial actual se suma a otros antecedentes de denuncias vinculadas a la gestión del suelo y los recursos públicos en el municipio de Pinamar, entre los que se encuentran las investigaciones por la explotación de predios en el Club San Vicente y la iniciativa urbanística Pinamar 2050. Corresponderá ahora al fuero penal bonaerense determinar la existencia de faltas administrativas o la configuración de conductas tipificadas dentro del Código Penal.
