El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de reestructuración del régimen de Zonas Frías, una medida que modifica el mapa de subsidios al consumo de gas natural en todo el país. La iniciativa fue sancionada con 38 votos afirmativos aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales. El debate parlamentario estuvo marcado por el retiro del bloque del peronismo, lo que obligó al oficialismo a consolidar la presencia de 37 legisladores en sus bancas para garantizar el quórum y dar luz verde a la norma enviada desde la Cámara de Diputados.
El corazón de la reforma radica en la derogación de la ampliación territorial aprobada en el año 2021, retrotrayendo el esquema tarifario a su configuración histórica. A partir de la promulgación de la ley, el descuento por Zona Fría se aplicará únicamente en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Asimismo, la normativa contempla la permanencia de la compensación para hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Guarden esto, Patricia Bullrich abrazándose con sus compañeros y FESTEJANDO que le van a aumentar 100% las tarifas de GAS a más del 40% de la población.
— 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) September 25, 2026
Fijate de que lado de la mecha te encontrás. pic.twitter.com/a9rb329nkp
El ajuste del sistema implica la pérdida automática del beneficio para un universo estimado en 3,36 millones de usuarios distribuidos en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires y amplias regiones de Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza. Según datos del área energética, el país cuenta con 9 millones de usuarios de gas de red, de los cuales 940 mil integran la zona fría original. Las autoridades argumentaron que la reforma busca corregir asimetrías con los 6,2 millones de hogares que carecen de red de gas y dependen exclusivamente del uso de garrafas.
La aprobación parlamentaria se destrabó tras un acuerdo articulado entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores del Norte Argentino. Las provincias septentrionales respaldaron la iniciativa a cambio del compromiso oficial de implementar aportes económicos destinados a subsidiar la tarifa de energía eléctrica durante los meses de mayor exigencia térmica estival. En contraposición, el rechazo a la norma reunió a seis senadores radicales de provincias afectadas y a representantes provinciales de Santa Cruz, quienes cuestionaron el impacto de las tarifas en regiones con inviernos severos.
El impacto económico en las facturas residenciales comenzará a percibirse de manera inmediata tras la reglamentación del Poder Ejecutivo. Las estimaciones técnicas indican que la pérdida del subsidio generará incrementos tarifarios de entre el 50% y el 100% en los municipios excluidos. Un informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) ejemplifica que un hogar de consumo medio en Bahía Blanca pasará de abonar $19.945 a enfrentar una factura de $39.890 mensuales.
Para mitigar el efecto de las subas, el texto contempla la creación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esta herramienta permitirá solicitar un descuento menor sobre el componente del precio del gas en punto de ingreso al sistema a aquellas familias que certifiquen ingresos mensuales inferiores a tres canastas básicas para un hogar tipo 2. Con este mecanismo, el Gobierno aspira a reducir el déficit del sector energético en unos 400 millones de pesos y sanear las deudas acumuladas por las distribuidoras con la administradora del mercado eléctrico, Cammesa.
