
El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon sancionó una nueva ordenanza que regula el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en el distrito, poniendo fin a un vacío legal que se extendía desde el desembarco de estas empresas tecnológicas en el año 2019. La iniciativa, que contempla la creación de un registro municipal de prestadores y un reordenamiento de las condiciones del transporte de pasajeros local, fue aprobada por mayoría en la última Sesión Pública Ordinaria. El nuevo marco regulatorio obtuvo el respaldo de los bloques del oficialismo local y las bancadas aliadas.
El proyecto definitivo sumó los votos positivos del PRO, la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica, bloque que había impulsado los primeros borradores en las comisiones internas de trabajo durante el año 2022. Por su parte, los representantes de Unión por la Patria, Acción Marplatense, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro se manifestaron en contra de la normativa. La oposición argumentó una supuesta desprotección del empleo local y fallas estructurales en el sistema de fiscalización previsto.
La normativa aprobada por el cuerpo legislativo establece pautas específicas que tanto las empresas globales como los choferes individuales deberán cumplir para operar legalmente en las calles marplatenses. Entre las obligaciones principales, los conductores autónomos tendrán que presentar una licencia de conducir profesional válida, un certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y toda la documentación del vehículo al día. El registro oficial habilitado por el municipio se aplicará directamente sobre las firmas tecnológicas prestadoras.
Asimismo, el expediente fijó pautas temporales estrictas respecto a los vehículos asignados al transporte urbano a través de estas aplicaciones de conectividad digital. De acuerdo al texto normativo sancionado, no se permitirá la circulación ni la habilitación de rodados cuyo año de fabricación y patentamiento original sea anterior al año 2011. El plazo estipulado para la total adecuación de las compañías es de noventa días corridos desde la promulgación del Ejecutivo.
De forma simultánea al debate de las plataformas de movilidad, el cuerpo legislativo convalidó modificaciones en las ordenanzas históricas número 4471 y 9294, orientadas a equiparar las condiciones del sector tradicional. Esta reforma unánime habilita a los taxistas y remiseros de la ciudad a incorporar herramientas tecnológicas de cobro y despacho, al tiempo que estira el límite de antigüedad de sus unidades de diez a quince años totales. La modernización del sistema tradicional busca mitigar el impacto económico de la competencia directa en el casco urbano.



