El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, dictó una resolución de alto impacto técnico que excluye a cinco querellas particulares de la investigación penal en curso por la presunta estafa masiva con la criptomoneda Libra. La medida procesal significa que los damnificados individuales representados por estos equipos legales ya no poseerán acceso directo al expediente ni la facultad jurídica de solicitar de manera autónoma nuevas medidas de prueba o peritajes económicos. A partir de la vigencia de este fallo en Comodoro Py, el impulso de la acción penal pública quedará concentrado de forma exclusiva en el fiscal federal Eduardo Taiano.
Este es Martínez de Giorgi su mujer acaba de ser nombrada Jueza federal a cambio de darle impunidad a Milei y su hermana, dale retuit para que su cara no quede en el anonimato pic.twitter.com/EdI7fjzpUZ
— Soledad Gimenez (@gisoleok) July 3, 2026
Para fundamentar jurídicamente la exclusión de los damnificados, el magistrado argumentó en su escrito que los denunciantes particulares no consiguieron acreditar de manera fehaciente un perjuicio de carácter real, directo y verificable que los habilite formalmente a sostener el rol de querellantes activos. Asimismo, la resolución técnica señala que las presentaciones de las defensas omitieron validar mediante mecanismos idóneos la titularidad de las billeteras virtuales específicas que resultaron afectadas por las transacciones financieras bajo análisis. En el mismo cuerpo conceptual del texto, Martínez De Giorgi consideró que los inversores asumieron de forma voluntaria los riesgos inherentes a las operaciones con activos digitales, encuadrando el instrumento Libra dentro de la categoría comercial de las denominadas “memecoins”.
Este giro en la causa judicial se inscribe en un complejo entramado de reconfiguraciones de poder en los tribunales federales, suscitado pocos días después de que se oficializara la renuncia de Manuel Adorni a su función en el Poder Ejecutivo Nacional. Adorni afronta de modo paralelo una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se sustancia en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Distintos observadores del ámbito tribunalicio vinculan la firma de este fallo con un contexto de negociaciones más amplio dentro del sistema de justicia, resaltando de modo particular la coincidencia temporal del viaje a París realizado de forma conjunta por el juez Ariel Lijo y el funcionario judicial Juan Bautista Mahiques.
El escenario de las designaciones en la magistratura federal añade elementos de análisis al caso, destacándose el reciente impulso parlamentario al pliego de Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juzgado de Lijo, seleccionado para el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, una sede estratégica que entiende en las causas contra Martín Insaurralde. Al mismo tiempo, el juez Martínez De Giorgi se encuentra a la expectativa de que el Poder Ejecutivo formalice el nombramiento de su esposa, Ana Juan, como jueza del Juzgado Federal de Hurlingham, cuyo pliego ya cuenta con la aprobación constitucional del Senado de la Nación pero resta la firma del Presidente de la Nación.
Las consecuencias institucionales de la desarticulación de las querellas particulares abrieron un escenario de fuerte debate sobre la continuidad de la investigación de la estafa financiera. El dirigente Juan Grabois, apoderado legal de cuatro de los grupos desplazados de la causa Libra, vinculó de forma directa la decisión del juez de primera instancia con los acuerdos políticos recientes entre la cúpula de la Casa Rosada y la dirigencia de Propuesta Republicana. “Este pacto de impunidad se sella a través de quien ambos han elegido como su delegado: Juan Bautista Mahiques”, concluyó el abogado, tras anunciar que apelará la resolución ante la Cámara Federal para devolverle el rol activo a los ciudadanos estafados.
