El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires oficializó la conclusión del acuerdo que mantenía desde 2018 con el Estado nacional para la administración de las compensaciones tarifarias en el transporte público. La medida se concretó mediante la publicación del Decreto 875/2026 en el Boletín Oficial bonaerense. El decreto ratifica que la Provincia asume el control técnico y operativo de las líneas de jurisdicción provincial y municipal.
El marco normativo bilateral había sido suscripto originalmente en diciembre de 2018 como derivación del Consenso Fiscal acordado entre las distintas jurisdicciones. Bajo ese esquema, la administración nacional realizaba el cálculo mensual de los costos operativos, mientras que la estructura bonaerense ejecutaba la transferencia a las empresas prestatarias. El mecanismo de cooperación institucional para la liquidación de subsidios se extendió durante siete años mediante diez adendas.
La reestructuración del modelo de financiamiento provincial comenzó a diseñarse formalmente tras la sanción del Decreto 3231/25. A través de esa norma se creó el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La implementación del sistema propio volvió innecesaria la asistencia técnica prestada por el Ministerio de Transporte de la Nación.
El proceso administrativo concluyó formalmente tras la firma del Acta de Cierre entre las autoridades de ambas administraciones el pasado 7 de marzo. El documento dejó sin efecto las tareas conjuntas vinculadas al cálculo tarifario, la distribución del Atributo Social SUBE y las compensaciones por el gasoil diferencial. Ambas partes declararon saldadas las obligaciones correspondientes a la etapa de gestión compartida.
La medida se inscribe en un contexto marcado por discrepancias vinculadas a la asignación de recursos federales y transferencias presupuestarias. Desde el Poder Ejecutivo bonaerense argumentan que la autonomía operativa permite gestionar de forma directa un área sensible para el funcionamiento urbano. La Provincia determinó que la administración del sistema no requiere la intermediación técnica del Estado nacional.
Con la consolidación de este esquema propio, la gestión provincial asume la totalidad de las determinaciones del costo del boleto y la asignación de compensaciones en su territorio. El nuevo modelo operativo busca dar continuidad a la prestación del servicio en los municipios del conurbano bonaerense. El cierre del convenio formaliza la transición hacia un esquema de financiamiento estrictamente provincial en el AMBA.
