El Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició un proceso de fiscalización administrativa sobre la red de hogares de residencia permanente para personas mayores que funcionan bajo su órbita, pero que se encuentran localizados físicamente en el territorio de la provincia de Buenos Aires. El pedido de informes técnico, diseñado y promovido por el diputado Andrés La Blunda, apunta a esclarecer de forma urgente las condiciones asistenciales, edilicias y laborales del Hogar Dr. Alejandro Raimondi de Necochea, utilizando además como antecedente inmediato la situación del Complejo Martín Rodríguez de Ituzaingó. La iniciativa parlamentaria busca asegurar el estricto cumplimiento de las normativas vigentes de protección integral de la vejez en efectores extrajurisdiccionales.
El foco principal de la requisitoria se centra en el Hogar Raimondi, un dispositivo estatal clave ubicado en la localidad balnearia de Necochea que cuenta con una capacidad máxima declarada de 170 plazas públicas. Al encontrarse fuera de los límites de la Capital Federal, la fiscalización requiere precisiones institucionales sobre los mecanismos de articulación sanitaria regional, el estado edilicio de las habitaciones y las facilidades de accesibilidad que se brindan a los familiares para mantener los lazos afectivos. El legislador remarcó en el cuerpo del proyecto la necesidad de auditar las partidas presupuestarias ejecutadas para el correcto abastecimiento de alimentos de la institución.
Los antecedentes normativos de esta auditoría se encuentran en la Resolución 59/2026, mediante la cual el cuerpo legislativo interpeló al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat por la situación de los hogares “General Viamonte” y “Martín Rodríguez” en Ituzaingó. En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo porteño debió certificar que ambos centros continuaban operativos, detallando sus niveles de dependencia psicofísica. La Blunda utilizó los datos de Ituzaingó como parámetro de control para exigir la misma transparencia metodológica en la costa bonaerense.
La preocupación de los equipos técnicos radica en la aplicación del Programa de Apoyo para la Desinstitucionalización y en la naturaleza de las derivaciones de los internos hacia establecimientos de gestión privada. Aunque las autoridades del área sostienen que los movimientos de residentes obedecen a razones operativas y a la voluntad individual, el monitoreo legislativo busca verificar que no se produzcan vaciamientos de plazas. El control parlamentario continuará durante las próximas semanas con el análisis detallado de las planillas de personal y las obras pendientes.
El informe del Ejecutivo sobre Ituzaingó detalló que el Hogar Martín Rodríguez registra 216 personas, con 47 catalogadas como autoválidas, 155 semidependientes y 14 dependientes. Por otro lado, el Hogar General Viamonte cuenta con 241 residentes, de los cuales 203 poseen autonomía y 38 presentan un grado intermedio de dependencia. Estos números sirven como base estadística para el pedido de informes que ahora recae sobre el establecimiento de Necochea.
La solicitud presentada por el bloque legislativo exige conocer las partidas presupuestarias asignadas, vigentes y ejecutadas para el ejercicio actual, discriminando los recursos destinados a infraestructura y mantenimiento de las instalaciones. Los informes técnicos presentados por las comisiones parlamentarias advierten que cualquier modificación en la capacidad operativa real debe contar con un respaldo técnico explícito. La transparencia en la distribución de los recursos públicos resulta un factor elemental para asegurar el bienestar integral de la población adulta mayor.
