La promulgación de la Ley 27.828 trajo consigo modificaciones sustanciales en la aplicación del régimen tarifario de Zona Fría en la provincia de Buenos Aires. Tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1161/2026, diversos municipios bonaerenses acudieron a la Justicia Federal para solicitar medidas cautelares que permitan mantener las bonificaciones en el consumo de gas natural. Esta legislación reconfigura las condiciones de acceso que habían sido ampliadas en el año 2021, afectando de manera directa el esquema de facturación en más de noventa distritos de la provincia.
El impacto directo de la medida alcanza a aproximadamente 3,35 millones de hogares a nivel nacional, de los cuales alrededor de 1,24 millones corresponden a noventa y cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires. Con el marco normativo previo, la sola localización geográfica permitía acceder al descuento de forma directa en cada período de facturación. Sin embargo, los nuevos criterios imponen la exigencia de cumplir los requisitos patrimoniales del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados para conservar el beneficio tarifario en el suministro domiciliario.
En la ciudad de Bahía Blanca, la acción judicial fue impulsada por el intendente Federico Susbielles en conjunto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella. La presentación se radicó en el Juzgado Federal Número 2, encabezado por la jueza María Gabriela Marrón. El amparo colectivo pretende frenar la quita de las bonificaciones y evitar suspensiones de servicio por falta de pago mientras la cuestión de fondo es analizada de manera integral por las autoridades competentes.
Para respaldar la solicitud, el Municipio de Bahía Blanca adjuntó documentación técnica basada en estudios elaborados por la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo, así como informes del organismo regulador de gas. Dichos análisis demuestran que las condiciones climáticas y térmicas del sudoeste bonaerense resultan equiparables a las de localidades patagónicas como Neuquén, Viedma o Santa Rosa, las cuales continúan dentro del esquema de beneficios automáticos. Las proyecciones realizadas sobre facturas reales advierten incrementos superiores al cuarenta por ciento en los montos finales a abonar por el mismo nivel de consumo.
Por otro lado, en Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo del partido de General Pueyrredon formalizó una demanda similar ante los tribunales federales locales. La medida se dirigió contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Secretaría de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, y la empresa distribuidora Camuzzi Gas Pampeana. La institución solicitó suspender preventivamente la aplicación de los nuevos filtros socioeconómicos y exigió que no se aprueben cuadros tarifarios sin la convocatoria previa a audiencias públicas correspondientes.
El planteo presentado en General Pueyrredon cuestiona además la constitucionalidad de la Ley 27.828 al sostener que se vulneran los principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Según se explicita en la presentación, los usuarios de la provincia de Buenos Aires deben someterse a controles patrimoniales strictly delimitados para conservar la ayuda económica. En contraposición, las poblaciones pertenecientes a la región patagónica mantienen la bonificación de manera automática sin requerir evaluaciones adicionales.
Con la radicación de ambos expedientes en el ámbito de los tribunales federales, las autoridades correspondientes deberán pronunciarse sobre el otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas. Mientras tanto, las comunidades locales aguardan determinaciones judiciales que otorguen certezas en el valor de los servicios esenciales durante los meses venideros. La resolución de estas acciones marcará un antecedente relevante sobre el alcance territorial de los subsidios en la infraestructura de servicios públicos en la Argentina.
