El Gobierno Nacional decidió suspender la aplicación del Decreto 690/2026, una normativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que buscaba modificar de manera integral el servicio de practicaje y pilotaje en los ríos y puertos argentinos. La decisión oficial se conoció tras tres días consecutivos de un paro por tiempo indeterminado llevado a cabo por los prácticos, una medida de fuerza que dejó más de 180 buques demorados en las vías navegables.
La paralización de la actividad portuaria generó un fuerte impacto en el comercio exterior de la Argentina. De acuerdo con estimaciones del sector exportador y agroindustrial, las pérdidas logísticas y los costos por sobreestadía superaron los 300 millones de dólares durante la protesta, con costos diarios estimados de entre 50 mil y 100 mil dólares por buque detenido. La magnitud del impacto económico aceleró la intervención del Poder Ejecutivo para destrabar el conflicto de manera urgente.
El Decreto 690/2026 proponía sustituir una reglamentación vigente desde 1991 con el argumento de abaratar los costos logísticos, quitar restricciones a la competencia e incorporar nuevos profesionales al registro de la Prefectura Naval Argentina. Entre los puntos principales, la norma suprimía la segmentación por tramos geográficos en el recorrido de los barcos y abría la contratación libre del personal. Federico Sturzenegger defendió la reforma afirmando que los ríos deben ser una autopista para el desarrollo y no un kiosco regulatorio.
Sin embargo, los representantes del practicaje rechazaron la medida por considerar que alteraba los estándares de seguridad operativa en la navegación. Los prácticos actúan como asesores especializados que guían a los capitanes en las maniobras complejas de ingreso, permanencia y salida de las terminales portuarias. Desde la Cámara de Practicaje y Pilotaje argumentaron que la profesión no funciona como un monopolio cerrado y sostuvieron que la seguridad de la navegación quedaba enormemente vulnerada con las nuevas reglas.
Frente a la parálisis operativa y la acumulación de barcos en espera, la Casa Rosada dispuso abrir un canal de negociación directa. La coordinación de la mesa de trabajo quedó desligada de la cartera de Desregulación y pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad, con la participación de la Armada Argentina y representantes de Transporte. El diputado Diego Santilli encabezó las gestiones que permitieron acordar el levantamiento inmediato de las medidas de fuerza.
El acuerdo firmado entre las partes establece la suspensión por tiempo indeterminado de la desregulación hasta tanto se revisen de manera conjunta todos los puntos en discusión. Además, se garantizó que la formación y capacitación de los profesionales continuará bajo la responsabilidad de la Armada. Como parte de la negociación, los prácticos aceptaron formalizar una reducción directa del 20% en las tarifas publicadas para el servicio.
Aunque los profesionales del sector ya reanudaron sus tareas de practicaje en las distintas terminales marítimas y fluviales del país, las autoridades aclararon que el tráfico comercial tardará varios días en normalizarse por completo. La cola de embarcaciones acumuladas en el Río de la Plata y la Vía Navegable Troncal requerirá un operativo especial de descongestión. Las conversaciones formales entre el Estado y el sector privado continuarán en las próximas semanas.
