El peronismo de la provincia de Buenos Aires comenzó a estructurar un principio de consenso para modificar la legislación vigente que limita a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores y concejales. La propuesta central del proyecto radica en delegar la facultad de habilitar las reelecciones en cada uno de los Concejos Deliberantes locales, fundamentando la iniciativa en el principio de autonomía municipal.
Para sustentar jurídicamente esta reforma, los equipos técnicos del oficialismo recurren al artículo 123 de la Constitución Nacional. Dicho artículo establece que las provincias deben asegurar el régimen municipal y garantizar su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. Bajo esta premisa constitucional, los impulsores del proyecto argumentan que las restricciones provinciales no pueden anular las facultades de los distritos.
La viabilidad legislativa de la propuesta en la Legislatura bonaerense depende del consenso con los bloques de la oposición. Sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y el bloque libertario analizaron la viabilidad de acompañar la norma bajo una condición específica: exigir que la habilitación excepcional de un nuevo mandato requiera el voto de una mayoría especial de dos tercios en el cuerpo deliberativo local. Esta exigencia modifica sustancialmente el escenario político territorial, dado que la mayoría de los jefes comunales cuenta con mayoría simple pero no alcanza los dos tercios.
El debate interno en el peronismo expone posturas divergentes que complican una resolución rápida. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, fue uno de los principales promotores de la ley limitadora sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal. Aunque el espacio evita asumir el costo político de derogar de forma directa su propia norma, los intendentes evalúan que una ley que traslade la responsabilidad jurídica a las comunas mediante el esquema de autonomía podría ser una vía de consenso aceptable. El acompañamiento de este sector resulta indispensable debido a su representación legislativa y su capacidad de articulación con sectores aliados.
Por otro lado, la relación entre los distintos sectores del oficialismo provincial añade complejidad al tratamiento de la ley. La falta de definición de La Cámpora y la tensión política interna entre el gobernador Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner inciden de manera directa sobre las expectativas de los intendentes bonaerenses. De los 80 jefes comunales que actualmente se encuentran inhabilitados para presentarse a un nuevo período en las próximas elecciones, la gran mayoría se alinea políticamente con el mandatario provincial.
Ante la incertidumbre que rodeaba la reforma de la ley, diversos intendentes que no cuentan con posibilidad de reelección iniciaron estrategias alternativas de posicionamiento político a nivel provincial de cara a los próximos turnos electorales. Dirigentes como Jorge Ferraresi de Avellaneda, Federico Achával de Pilar y Gustavo Menéndez de Merlo comenzaron a proyectarse como eventuales candidatos para la gobernación bonaerense. Al mismo tiempo, distritos de menor escala demográfica optaron por la vía judicial. El municipio de Castelli, conducido por Francisco Echarren, inició un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dictar su propia Carta Orgánica.
Autonomia Municipal: El desafío de gobernar lo que viene.
— Francisco Echarren (@EcharrenF) July 13, 2026
En tiempos de centralismo hay que fortalecer a los municipios.
Desde ahi se va a reconstruir la Patria.
De abajo hacia arriba.
De la periferia al centro.https://t.co/qiGI3Nk3MA
La eventual aprobación de esta reforma normativa devolvería la centralidad a los Concejos Deliberantes locales en el armado político de la provincia. La necesidad de negociar acuerdos de dos tercios obligaría a oficialismos y oposiciones a reconfigurar sus alianzas en el territorio, descentralizando un debate que hasta el momento se concentraba exclusivamente en los despachos de La Plata y el Congreso Nacional.
