El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó los resultados correspondientes a los indicadores del mercado de trabajo del primer trimestre de este año, relevados a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El documento oficial demuestra que, si bien los niveles generales de inserción laboral mostraron una relativa estabilidad en la comparación interanual, las condiciones de contratación registraron un marcado deterioro estructural en los principales conglomerados urbanos. La tasa de informalidad laboral alcanzó el 44,2% entre la población ocupada asalariada.
El registro oficial representa un incremento de 2,2 puntos porcentuales en la comparación directa con el mismo período del año anterior, cuando la tasa de empleo no registrado se ubicaba en el 42%. Este avance de la precarización laboral significa que casi la mitad de los trabajadores que se incorporaron o reinsertaron en el circuito productivo lo hicieron por fuera de las normativas de registro vigentes. La falta de aportes previsionales afecta directamente las trayectorias de sustentabilidad del sistema de seguridad social nacional.
En contraposición a la suba de la informalidad, la tasa de desocupación no experimentó saltos bruscos en el período medido, fijándose en un 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA). No obstante, los analistas técnicos del organismo estadístico estatal pusieron el foco en el incremento de la subocupación demandante, que escaló hasta el 11,1% de los registros totales. Este indicador particular expone la cantidad de ciudadanos que trabajan menos de 35 horas semanales y pretenden sumar más carga horaria.
Al desglosar la base de datos de los 31 aglomerados urbanos contemplados en la muestra censal, se estima que la población bajo análisis directo abarca a unos 30,1 millones de ciudadanos residentes en áreas metropolitanas. De ese universo poblacional de referencia, un total aproximado de 14,6 millones de habitantes integran formalmente la población laboral activa en condiciones de prestar servicios productivos. Alrededor de 1,1 millones de personas componen el lote de desocupados con búsqueda activa de empleo en el país.
Por otra parte, las tasas generales de actividad y de empleo general se mantuvieron en márgenes idénticos a los del primer trimestre del ciclo previo, con marcas del 48,6% y del 44,8% respectivamente. Sin embargo, las variables internas de contratación denotan un corrimiento claro de las posiciones asalariadas tradicionales hacia formatos independientes con menores coberturas de previsión social y de salud. El universo de trabajadores por cuenta propia representa actualmente el 28,2% del total de los ocupados.
La situación geográfica e institucional del empleo muestra que las actividades vinculadas al sector de servicios intermedios y el cuentapropismo comercial absorbieron gran parte del flujo de personas que perdieron su puesto en sectores formales. Este proceso de reconversión laboral forzada se tradujo en una menor cantidad de trabajadores amparados por convenios colectivos de trabajo dentro de las pequeñas y medianas empresas de las distintas jurisdicciones provinciales. Casi cuatro de cada diez asalariados argentinos se desempeñan en la actualidad sin aportes jubilatorios formales.
La estabilidad en las cifras generales de ocupación disfraza una pérdida paulatina de la calidad del empleo que impacta directamente en los índices de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares bonaerenses y del resto de las regiones del territorio nacional. La falta de acceso a paritarias formales y a la cobertura de obras sociales sindicales coloca a los trabajadores informales en una posición de rezago frente a las variables macroeconómicas de ajuste tarifario e inflación. La adecuación del mercado laboral refleja una tendencia hacia contratos flexibles y de corta duración estacional.
