La comunidad médica y judicial de Bahía Blanca se encuentra en estado de alerta tras confirmarse la internación de un bebé de apenas tres meses de vida con un cuadro de intoxicación por cocaína. El episodio, que ya derivó en una investigación penal de urgencia, vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de los menores de edad frente al consumo de estupefacientes en el entorno familiar y la eficacia de los dispositivos de contención social.
El hecho se descubrió el pasado domingo, cuando el lactante fue ingresado por la guardia del Hospital Municipal de Agudos portando un cuadro clínico inicial de fiebre y complicaciones respiratorias. Ante la persistencia de ciertos signos sintomáticos, los profesionales del área de pediatría ordenaron un análisis específico de orina que terminó arrojando un resultado positivo inequívoco para cocaína. De inmediato, el cuerpo médico activó los protocolos de rigor y radicó la denuncia judicial correspondiente.
Negación materna y la hipótesis del amamantamiento
Según confirmaron fuentes oficiales, el paciente se encuentra actualmente “estable” y permanece bajo estricta observación en el sector de pediatría del nosocomio local. Sin embargo, el trasfondo familiar presenta aristas complejas para los investigadores:
- Antecedentes clínicos: Al revisar el historial del centro asistencial, los médicos corroboraron que el mismo bebé ya había registrado un ingreso previo por la guardia durante el mes de mayo debido a un episodio de similares características.
- Postura familiar: La responsable legal del menor, una mujer de 31 años, negó rotundamente ante los profesionales de la salud ser consumidora de sustancias estupefacientes.
- Línea de investigación: La principal hipótesis médica preliminar apunta a que la sustancia ingresó al organismo del lactante de forma involuntaria a través del amamantamiento, aunque no se descartan otras vías de exposición ambiental o negligencia directa.
La causa quedó provisoriamente caratulada como “Averiguación de ilícito” y se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 1. En paralelo, se le dio intervención inmediata a los organismos oficiales de protección de los derechos del niño, niña y adolescentes de la provincia, así como al Juzgado de Familia de turno para determinar medidas de resguardo habitacional y de custodia.
Un mapa de recurrencia que estremece a la región
Lo que más preocupa a las autoridades sanitarias locales es que este caso no se presenta de forma aislada, sino que se suma a una seguidilla de hechos críticos registrados en la ciudad durante el último mes.
El antecedente de mayo: Hace apenas unas semanas, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” debió intervenir de urgencia para tratar a dos hermanos de 12 y 7 años. La mayor de ellos ingresó tras sufrir una crisis convulsiva provocada por un policonsumo de cocaína, marihuana y alcohol. La gravedad del ecosistema familiar quedó expuesta por completo al día siguiente, cuando las autoridades de la escuela primaria a la que asistía el niño de 7 años hallaron restos de cocaína fraccionada dentro de su vianda y su mochila escolar.
La repetición de cuadros de intoxicación por estupefacientes en lactantes y niños en Bahía Blanca expone de manera factual la profundización de una crisis socio-sanitaria que desborda los límites de la seguridad pública para transformarse en un problema de salud comunitaria. Cuando las adicciones perforan las barreras del cuidado materno-filial y la negligencia llega al extremo de contaminar la leche materna o las viandas escolares, los mecanismos tradicionales de prevención estatal demuestran su insuficiencia. La intervención de la UFIJ N.º 1 y de los juzgados de familia no solo debe centrarse en la sanción punitiva o el retiro preventivo de la custodia, sino en auditar por qué fallaron las alertas tempranas en un grupo familiar que ya había visitado la misma guardia hospitalaria apenas un mes atrás por la misma causa.
