El Poder Ejecutivo de la Nación ratificó mediante disposiciones oficiales el traspaso de la administración y el mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales y autopistas a consorcios privados. La medida afecta de manera directa a la infraestructura vial de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, abarcando corredores viales que registran un alto volumen de tránsito comercial y turístico diario. La firma de los contratos de adjudicación establece un período de explotación por un plazo de veinte años para las empresas ganadoras. De este modo, la gestión de estas trazas abandona la tutela estatal directa para ingresar en un esquema de coparticipación de servicios y peajes gestionado por firmas del sector de la ingeniería civil y la construcción.
SE FIRMARON CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA LA GESTIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MÁS DE 1.800 KM DE RUTAS NACIONALES EN BUENOS AIRES Y LA PAMPA
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 30, 2026
Se realizó la firma de los contratos de concesión de 1.871 kilómetros para la operación, administración y mantenimiento correspondientes a los… pic.twitter.com/5KznZNzIav
El proceso de licitación pública estuvo dividido en unidades geográficas específicas para facilitar la distribución de las tareas operativas de refacción y ampliación de calzadas. La primera de ellas es el denominado “Tramo Sur/Atlántico/Acceso Sur”, el cual cuenta con una extensión exacta de 1.325 kilómetros y comprende sectores estratégicos de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Este bloque incorpora además los accesos a la región metropolitana mediante las autopistas Riccheri, Ezeiza/Cañuelas y Jorge Newbery. Por otra parte, el proceso administrativo contempló el denominado “Tramo Pampa”, una sección que unifica 546 kilómetros de la ruta nacional 5, conectando el oeste productivo de la provincia de Buenos Aires con el territorio pampeano.
La adjudicación de estos tramos viales no estuvo exenta de complejidades administrativas y derivó en un conflicto jurisdiccional de carácter institucional entre diferentes niveles del Estado. La firma estatal Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), controlada por la administración gubernamental bonaerense, se había presentado formalmente como oferente para gestionar los tramos nacionales que cruzan por su territorio. Sin embargo, las autoridades del Gobierno nacional desestimaron de forma definitiva la propuesta técnica de la firma provincial. Esta decisión profundizó las tensiones políticas preexistentes entre el Gobierno federal y la gobernación de la provincia de Buenos Aires en materia de administración de recursos de infraestructura compartida.
Tras la descalificación del oferente público provincial, los corredores viales quedaron distribuidos entre un grupo de corporaciones del ámbito privado que cumplieron con los requisitos del pliego. Las compañías seleccionadas para llevar adelante las tareas de cobro de peaje, mantenimiento asfáltico y asistencia vial son Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA. Estas firmas comerciales asumirán la responsabilidad jurídica y civil de la red vial hasta el año 2046. Los pliegos técnicos estipulan obligaciones ligadas a la repavimentación, la correcta señalización y la mejora en las banquinas de las trazas cedidas por la administración central.
Desde el Ministerio de Economía de la Nación, cartera que lideró el proceso de reestructuración viales a través de sus dependencias específicas, defendieron la legalidad y los objetivos del programa de concesiones. Las autoridades nacionales indicaron que la delegación de estas funciones al sector privado permitirá reducir el gasto público directo y garantizará inversiones constantes en la red vial sin afectar las arcas del Tesoro. Los funcionarios del Palacio de Hacienda destacaron que estas trazas son fundamentales para el desarrollo de la logística en el centro del país. Los flujos logísticos del sector agropecuario y del cordón industrial bonaerense dependen operativamente de la fluidez de estas vías de comunicación para el traslado de mercaderías hacia los puertos.
