La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) oficializó la aceptación de la propuesta de recomposición salarial formulada por el Poder Ejecutivo bonaerense. El acuerdo alcanzado establece una pauta de incremento del 7% distribuido de forma escalonada durante el bimestre en curso, garantizando la continuidad de las mesas técnicas sectoriales de negociación. De este modo, el Ministerio de Trabajo provincial logró alinear al sector sanitario con los acuerdos preexistentes que ya habían sido convalidados por las representaciones gremiales de los trabajadores de la educación, el sector judicial y el personal de la administración pública centralizada.
El esquema financiero aprobado por las asambleas sindicales estipula que los profesionales médicos percibirán un incremento del 5% correspondiente a los haberes del mes de julio, complementándose con un 2% de ajuste adicional aplicable de forma directa el mes siguiente. El diseño de este mecanismo de actualización obligó a las autoridades a fijar una cláusula de revisión obligatoria para evaluar la evolución del índice de precios al consumidor. Los incrementos salariales impactarán en las liquidaciones que se efectivizan en agosto y septiembre, momentos en los cuales los representantes paritarios fijaron formalmente el compromiso de reabrir las mesas de discusión para el último tramo del año.
📢 Los profesionales de la salud de #CICOP aceptaron la propuesta paritaria y lograron la primera etapa del inicio de la recategorización del salario básico
— CICOP (@CICOP_ok) July 18, 2026
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La resolución de la paritaria médica permite consolidar un criterio homogéneo de aumentos dentro de la estructura de la función pública de la provincia de Buenos Aires. La estrategia de negociación colectiva desplegada por la administración central ya había obtenido el visto bueno de las organizaciones mayoritarias de los demás sectores estatales del territorio. Además, el mismo porcentaje del 7% global fue transferido de manera directa a los haberes de las fuerzas de seguridad pública y el personal de la Policía Bonaerense, un escalafón salarial que no cuenta con representación sindical legal para la discusión de sus haberes corrientes.
Más allá del porcentaje general de incremento de haberes, la mesa de negociación sectorial incluyó el tratamiento de demandas laborales específicas que el gremio médico sostenía en su agenda histórica. En este marco, la gobernación se comprometió a implementar a partir del mes de octubre un proceso definitivo de recategorización del sueldo básico de los profesionales. Esta medida específica busca corregir las distorsiones salariales existentes dentro del sistema interhospitalario, permitiendo que las sumas fijas y los adicionales se trasladen de forma progresiva a los componentes remunerativos estables de la masa salarial global del personal sanitario.
Desde la conducción de la Asociación Sindical, las autoridades gremiales evaluaron el entendimiento alcanzado como una plataforma de previsibilidad para el funcionamiento de las instituciones asistenciales del distrito bonaerense. El titular de la organización de los profesionales de la salud, Pablo Maciel, calificó formalmente este consenso como un logro estratégico de cara al mediano plazo de la actividad. Según la perspectiva de la dirigencia sectorial, la jerarquización del salario inicial permitirá mejorar de manera sustancial la pirámide de haberes, logrando que el criterio de antigüedad tenga un impacto real en el poder adquisitivo de los agentes.
El impacto territorial de este cierre paritario abarca de manera directa a la totalidad de las unidades de pronta atención y los hospitales públicos distribuidos en los municipios bonaerenses. El normal funcionamiento de las guardias médicas y los consultorios externos dependientes del sistema provincial queda resguardado tras la firma del acta acuerdo. La provincia de Buenos Aires mantiene desactivados los focos de conflicto estatal al haber completado la ronda de negociaciones con los cuatro sectores principales de su planta de empleados públicos, garantizando la continuidad de las prestaciones esenciales a la población.
