Un importante procedimiento contra los delitos rurales y ambientales se llevó a cabo en las afueras del municipio de Chascomús, donde las fuerzas de seguridad locales lograron desmantelar una red organizada dedicada a la caza furtiva. El operativo tuvo lugar en el paraje conocido como “La Guarida del Zorro”, una zona rural vulnerable a este tipo de incursiones ilegales debido a su geografía y la presencia de fauna silvestre.
La intervención fue el resultado de un despliegue coordinado entre los efectivos de la policía local de Chascomús y el Comando de Prevención Rural (CPR) del municipio. Los implicados, un grupo de hombres con domicilio en el partido de La Matanza, fueron sorprendidos en flagrancia mientras realizaban batidas de caza sin ningún tipo de autorización legal ni respeto por las normativas de conservación vigentes.
Logística de precisión: los elementos secuestrados
Los uniformados se mostraron sorprendidos por el nivel de organización y los recursos técnicos que exhibía la banda de cazadores, una estructura que excede los métodos rudimentarios habituales de la zona. Durante el registro del campamento y los vehículos, las autoridades rurales lograron incautar:
- Caninos de caza: 24 perros de la raza galgo, entrenados específicamente para la persecución veloz y captura de presas en campo abierto.
- Armamento blanco: 10 cuchillos de hoja lisa de gran porte, utilizados para el faenamiento inmediato de los animales.
- Comunicaciones: 7 equipos de radio tipo Handy, empleados para coordinar los movimientos de la cuadrilla y evadir los patrullajes policiales.
- Piezas de fauna: Se constató la matanza de 9 ejemplares, desglosados en una liebre y ocho antílopes (especie exótica introducida en las pampas bonaerenses que requiere permisos estrictos para su control o caza).
Infracciones y marco legal
Debido a la gravedad del hecho y la falta de permisos de los propietarios de los campos, las autoridades provinciales tomaron intervención directa para aplicar las sanciones correspondientes.
El encuadre judicial: Se labraron actas formales por la violación sistemática de la Ley 10.081/83, que constituye el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires. Los cazadores quedaron imputados bajo los Artículos 266, 268, 269, 273 (incisos A, E y K), 274, 277 (inciso A) y 289 de dicha norma. Las actuaciones y los elementos incautados quedaron a disposición del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, organismo que regula la actividad y la protección de la fauna.
Este procedimiento expone de manera factual una problemática creciente en el territorio bonaerense: el traslado de bandas organizadas desde el conurbano profundo hacia los distritos del interior para explotar de forma clandestina los recursos naturales de los establecimientos agropecuarios. Para las comunidades locales y los productores del sector, la proliferación de la caza furtiva no solo atenta contra el equilibrio ecológico y la fauna implantada, sino que introduce un factor de severa inseguridad en las zonas rurales, donde la presencia de jaurías y personas armadas sin control pone en riesgo la tranquilidad de los trabajadores rurales y la propiedad privada.
