La estrategia de achicamiento de las estructuras del Estado impulsada por la administración central sufrió un severo revés en los tribunales federales. A través de una medida cautelar de fuerte impacto institucional, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó suspender de forma inmediata el cierre y desarticulación de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA – AMBA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La decisión judicial, firmada por el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, frena por un lapso inicial de seis meses los alcances de la polémica Resolución N° 27/26 dictada por las autoridades del INTA. Aquella normativa no solo suprimía la mencionada cabecera metropolitana y sus nueve agencias de extensión territorial, sino que además transfería la totalidad de sus activos inmobiliarios a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con el objetivo explícito de proceder a su tasación, venta o subasta pública.
Blindaje a los puestos de trabajo y los bienes públicos
El fallo judicial establece límites estrictos a la reestructuración del organismo científico-tecnológico y prohíbe innovar sobre la situación de su capital humano y material. La orden judicial obliga a las autoridades nacionales a abstenerse de:
- Ejecutar la supresión de funciones de las unidades dependientes de la EEA – AMBA.
- Realizar movimientos forzosos, pases a disponibilidad o desvinculaciones directas de técnicos y personal administrativo.
- Trasladar equipamiento e insumos operativos fuera de las sedes vigentes.
- Avanzar con la enajenación, subasta o asignación edilicia de las propiedades en cuestión.
Frente al dictamen, las representaciones gremiales salieron a respaldar con dureza la resolución de la Justicia.
“Sigan ya haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada. Parece que la motosierra se debilita. ¡Les queda poco!”, disparó Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional).
Un territorio estratégico y millonario en disputa
La discusión de fondo combina las metas fiscales de la Casa Rosada con el valor inmobiliario de las tierras públicas en el conurbano bonaerense. Desde el Ejecutivo nacional argumentan que el INTA posee unas 50.000 hectáreas ociosas distribuidas en todo el país, muchas de ellas localizadas en áreas urbanas cotizadas.
En este caso puntual, el conflicto se centra en un predio de 33 hectáreas emplazado estratégicamente entre los partidos de Hurlingham e Ituzaingó, cuyo valor de mercado asciende a millones de dólares. La parálisis de su venta traba los planes de la administración nacional, que a principios de mayo de 2026 había lanzado un agresivo plan de retiros voluntarios con la meta factual de reducir en un 20% la planta global del instituto, compuesta por aproximadamente 5.900 científicos, técnicos y operarios.
El freno judicial al desmantelamiento del INTA AMBA expone de manera factual la resistencia de las redes institucionales frente a las políticas de desregulación y recorte del gasto público. Más allá de la discusión patrimonial por el uso de los terrenos, las agencias de extensión metropolitana desempeñan un rol estructural en el entramado socioeconómico del Gran Buenos Aires, prestando asistencia técnica clave a los productores del cinturón verde bonaerense, impulsando la agricultura urbana y garantizando la seguridad alimentaria en los barrios más vulnerables. La defensa de estos espacios técnicos vuelve a poner en relieve el valor de la ciencia y la tecnología aplicada al territorio como un derecho colectivo insustituible para el desarrollo local.
