La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el texto que autoriza el pago de 171 millones de dólares a los fondos holdouts Attestor y Brainbridge, quienes no habían ingresado a los canjes de deuda soberana realizados en los años 2005 y 2010. La votación cerró con 138 votos a favor y 98 en contra, registrando una diferencia de 40 voluntades. El respaldo clave para alcanzar este número provino de bloques intermedios y de legisladores vinculados directamente a los gobiernos provinciales de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan, Córdoba y Santa Cruz, además del interbloque de la Unión Cívica Radical y el PRO. En la vereda opuesta, el rechazo estuvo concentrado en el bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores específicos de Encuentro Federal.
La sesión especial estuvo marcada por el debate técnico en torno a los alcances de la ley de administración financiera y la proximidad del vencimiento del plazo formal, fijado originalmente para el 30 de junio de 2026. El bloque oficialista argumentó que el entendimiento con los acreedores extranjeros implicó una quita del 30% sobre el saldo reclamado. Asimismo, detallaron que las cláusulas del acuerdo eximen al Estado nacional del pago de honorarios legales adicionales y extinguen de manera definitiva la posibilidad de iniciar nuevas acciones judiciales en tribunales internacionales. Desde la oposición parlamentaria se cuestionó la ausencia de partidas presupuestarias explícitas para afrontar dicho compromiso financiero y se alertó sobre la estructura de comisiones indirectas dentro del sector de los operadores financieros dedicados a la deuda de mercados emergentes.
En paralelo, el cuerpo legislativo dio media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado técnicamente como Súper RIGI. Este nuevo marco normativo obtuvo un total de 130 votos favorables, frente a 105 negativos y 7 abstenciones. A diferencia del esquema original contemplado en la Ley Bases de 2024, este modelo está diseñado exclusivamente para captar capitales en industrias de frontera tecnológica, tales como la inteligencia artificial, la biotecnología, el desarrollo de semiconductores, la producción de baterías de litio y energías renovables avanzadas. El texto aprobado aclara expresamente que quedan excluidos los proyectos tradicionales de infraestructura básica y la explotación directa de recursos naturales sin valor agregado tecnológico.
El diseño del Súper RIGI establece condiciones macroeconómicas y fiscales estrictas para las corporaciones que decidan adherir al sistema. El umbral mínimo de inversión requerida se fijó en 1.000 millones de dólares por proyecto elegible. Los beneficios estipulados incluyen una estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por un lapso de 30 años, junto a una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y un mecanismo de amortización acelerada del 60% durante el primer año de ejercicio operativo. El impacto territorial de la medida apunta a captar polos tecnológicos en distintas regiones argentinas, ofreciendo la liberación total de derechos de importación y exportación, sumado al acceso progresivo al mercado de cambios que permitirá a las firmas disponer del 100% de las divisas generadas por sus exportaciones a partir del tercer año de vigencia.
