La intención de la administración central de reestructurar los subsidios energéticos encendió las alarmas en el interior de la provincia de Buenos Aires. El proyecto de ley que busca recortar el alcance geográfico del régimen de “Zona Fría” ingresó en su etapa decisiva en la Cámara de Alta, desencadenando una fuerte resistencia coordinada entre intendentes de la oposición, legisladores locales, asociaciones de consumidores y Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
La iniciativa oficialista propone derogar la ampliación territorial sancionada en 2021 y restituir el esquema original establecido en 2002. Aquella matriz original concentraba el beneficio exclusivamente en las provincias patagónicas (donde el único distrito bonaerense incluido era Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. De concretarse el retroceso normativo, unas 3.350.000 familias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis perderán los descuentos en sus boletas.
Los números detrás del recorte fiscal
El Ejecutivo nacional argumenta razones de estricto equilibrio fiscal para justificar la poda del sistema de compensaciones tarifarias, el cual evidenció serias dificultades de financiamiento durante los últimos períodos.
- Usuarios afectados en PBA: 1.240.000 hogares distribuidos en 94 partidos bonaerenses.
- Financiamiento teórico: El esquema vigente contempla un recargo del 7,5% sobre el precio del gas inyectado en redes para todos los consumidores del país, proyectando una recaudación de 460.000 millones de pesos.
- Déficit del sistema: Durante 2025, el fondo fiduciario específico resultó insuficiente para cubrir el desfasaje climático, obligando al Tesoro Nacional a inyectar un extra de 200.000 millones de pesos; cifra neta que el Ministerio de Economía busca ahorrar de cara al presente ejercicio fiscal.
Estrategia en tres frentes: firmas, “frazadazos” y tribunales
Ante la magnitud del impacto económico en las economías domésticas, los distritos costeros y del centro de la provincia apuran acciones directas para visibilizar el reclamo y forzar modificaciones en el Congreso. Organizaciones como la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa, junto a las dependencias municipales, encabezan masivas campañas de recolección de firmas en centros urbanos clave como Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bragado y La Costa, con el objetivo de presentar un petitorio unificado ante las comisiones del Senado.
En paralelo, la presión política sumó el descontento explícito del Foro de Intendentes Radicales, quienes confirmaron su participación activa en el “frazadazo” programado frente al Congreso de la Nación para el día de la sesión. Incluso en localidades de perfil agrícola y vecinalista se alzaron voces de rechazo cruzando las fronteras partidarias.
Cruces y advertencias judiciales: Francisco Echarren (Castelli) tildó de “caraduras” a los técnicos del área energética y celebró el repudio unánime del concejo deliberante local, donde incluso ediles alineados con el oficialismo nacional votaron en contra de la quita. Por su parte, Federico Susbielles, jefe comunal de Bahía Blanca, anticipó la judicialización inminente: “No nos vamos a resignar. Por eso vamos a solicitar al Concejo Deliberante el acompañamiento necesario para avanzar por la vía judicial en defensa de los intereses de todos los bahienses”.
El mapa del impacto en la región
El listado de comunas que perderían la catalogación de zona desfavorable abarca la casi totalidad del mapa productivo e industrial de la provincia, exceptuando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El impacto será severo en los grandes centros urbanos del sur y el sudoeste, así como en los nodos turísticos y agropecuarios de la Costa Atlántica.
Entre los distritos afectados se encuentran cabeceras del interior profundo como Azul, Balcarce, Bolívar, Junín, Mercedes, Pergamino, San Nicolás, San Pedro y Tres Arroyos. Asimismo, el golpe tarifario resentirá el poder adquisitivo en el corredor marítimo bonaerense, afectando de manera factual a ciudades con un elevado piso de consumo invernal como Mar del Plata (General Pueyrredon), Bahía Blanca, Necochea, San Cayetano, Lobería, Miramar (General Alvarado), Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa.
De acuerdo con las proyecciones preliminares del proyecto oficial, se estima que un universo superior a los 1,69 millones de hogares de la zona ampliada —aquellos cuyos ingresos mensuales superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales— perderán el beneficio de manera inmediata, mientras que un remanente cercano a 1,8 millones de usuarios intentará sostener el subsidio bajo estrictos criterios de vulnerabilidad climática y patrimonial.
