La Unidad Turística Chapadmalal atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Tras la filtración de resoluciones internas que anticipan el pase a disponibilidad de la planta permanente y la baja de contratados, los gremios denuncian un vaciamiento planificado para allanar el camino hacia la privatización del complejo.
Según ATE, 58 trabajadores quedarían sin funciones y con riesgo real de despido, mientras el Gobierno nacional avanza con un proyecto para concesionar los hoteles por 30 años. La medida, impulsada desde la Secretaría de Turismo y Ambiente y avalada por la Jefatura de Gabinete, también incluye la supresión organizativa de la Unidad Turística Embalse.
El mecanismo elegido —la disponibilidad prevista en la Ley Marco de Empleo Público— ya fue utilizado en otras reestructuraciones y terminó en despidos encubiertos. Los gremios advierten que no existen organismos capaces de absorber al personal y que la decisión implica el cierre operativo del predio.
Desde el Ejecutivo, Manuel Adorni defendió la privatización con el argumento de atraer inversiones y reducir el déficit. Pero detrás del discurso de “modernización” aparece un patrón conocido: desfinanciar, paralizar y luego entregar al sector privado lo que antes era un derecho social. Chapadmalal no es solo un conjunto de hoteles: es una política pública histórica que garantizó vacaciones accesibles para miles de familias.
La falta de pliegos, la ausencia de información oficial y el silencio del Gobierno alimentan la sospecha de que el proceso ya está decidido y que la participación privada será a costa de los trabajadores y del turismo social.
Mientras los empleados realizan asambleas y preparan medidas de fuerza, la comunidad local teme que el complejo quede en manos de empresas que prioricen el negocio por encima del acceso popular. Chapadmalal, símbolo de inclusión y memoria colectiva, enfrenta hoy una amenaza concreta: dejar de ser un espacio público para convertirse en un negocio privado.
