La empresa avícola Granja Tres Arroyos profundizó su proceso de reestructuración operativa con impacto directo en sus plantas ubicadas en el territorio bonaerense. Tras haber decretado la paralización de sus operaciones en la localidad de Capitán Sarmiento, la compañía confirmó que ejecutará la cesantía de entre 40 y 50 trabajadores en su planta Pinazo, situada en la zona de La Lonja, partido de Pilar. La firma atribuye el deterioro económico al impacto de la fiebre aviar y a las restricciones en mercados externos.
En las instalaciones del distrito de Pilar, el personal venía cumpliendo un esquema de suspensión desde el 3 de agosto percibiendo el 65% de sus haberes. Con la finalización fijada para este período, la empresa comunicó al personal que las desvinculaciones representan la única alternativa formal para evitar el cierre definitivo del establecimiento. Los trabajadores notificados deberán retomar sus tareas operativas bajo una plantilla recortada.
La situación financiera de la compañía conducida por la familia De Grazia registra un pasivo global calculado en 350 millones de dólares y múltiples solicitudes de quiebra en sede judicial. Por su parte, la representación gremial del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación cuestionó la versión oficial sobre las causas del déficit. La organización sindical denunció desmanejos financieros y advirtió sobre el riesgo de un proceso de vaciamiento.
En la planta de Capitán Sarmiento, la medida afecta a un universo de 1.086 operarios que comenzaron a recibir las notificaciones formales de suspensión por tiempo indeterminado. La plantilla de dicho centro productivo no percibe sus haberes desde hace dos meses y mantiene saldos pendientes correspondientes al medio aguinaldo. La jefa comunal local, Fernanda Astorino, confirmó que la firma planea implementar despidos en ese distrito.
El conflicto en Granja Tres Arroyos pone de manifiesto las dificultades que atraviesa el sector agroindustrial exportador ante la pérdida de mercados internacionales. La interrupción de los envíos al exterior redujo la escala de procesamiento de las plantas bonaerenses, afectando la cadena de pagos con proveedores e instituciones financieras. El desplome de los volúmenes procesados derivó en un exceso de capacidad instalada que la firma busca corregir con ajustes.
Las gestiones del gremio de la alimentación se enfocan en la preservación de los puestos de trabajo y el reclamo por las remuneraciones adeudadas. En ese marco, los trabajadores mantienen asambleas en los accesos a los establecimientos para visibilizar la pérdida del poder adquisitivo y exigir la intervención de las autoridades laborales. La continuidad productiva de las plantas bonaerenses permanece supeditada a las negociaciones por la deuda corporativa.
El escenario en el sector avícola genera preocupación en los municipios del interior provincial donde la actividad funciona como motor económico. La paralización de las plantas impacta tanto en el empleo directo de los operarios como en el circuito comercial de las localidades afectadas. Las autoridades locales y provinciales monitorean el conflicto a la espera de un plan de contingencia.
