El impacto del ajuste tarifario en los servicios públicos comenzó a generar una fuerte resistencia social y política en la provincia de Buenos Aires. Durante los últimos días, los municipios de San Clemente del Tuyú y Santa Teresita se convirtieron en el epicentro de masivas protestas vecinales dirigidas contra la prestataria eléctrica EDEA. Familias, comerciantes y jubilados del Partido de La Costa se movilizaron para denunciar la recepción de facturas que en casos extremos alcanzan los 2 millones de pesos. Los usuarios afectados calificaron los montos como impagables y advirtieron que los incrementos duplican o triplican los valores del período anterior, colocando a los hogares en una situación de extrema vulnerabilidad. La tensión en las localidades balnearias se incrementa ante la posibilidad de cortes de suministro por falta de pago en plena temporada invernal.
Edea de santa Teresita. La gente ya no da más, se está picando y todos se hacen los boludos. Están jugando con fuego. Siempre lo mismo. pic.twitter.com/QZYOoG8ltA
— Guillote (@Guillotemolina) August 10, 2026
Frente a la magnitud de los montos facturados, los usuarios autoconvocados iniciaron una serie de acciones institucionales para frenar el impacto económico en la región. Los manifestantes anunciaron la presentación de un petitorio formal ante el Concejo Deliberante local para solicitar el respaldo de las autoridades municipales. El plan de acción diseñado por las asambleas vecinales contempla la elaboración de un recurso de amparo colectivo para exigir la revisión técnica de las liquidaciones emitidas por la empresa distribuidora. La demanda comunitaria no plantea el desconocimiento de las obligaciones contractuales, sino la aplicación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad que guarden estricta relación con la capacidad de ingresos reales de la población.
La problemática local adquiere una escala de conflicto nacional debido a la intención del Poder Ejecutivo de avanzar con la quita de los subsidios energéticos. El Gobierno nacional mantiene en su agenda legislativa la derogación de la ampliación del régimen de Zona Fría, beneficio que actualmente protege a 94 municipios bonaerenses. La iniciativa oficial, coordinada técnicamente por el Ministerio de Desregulación, pretende revertir la reforma aprobada en 2021 para retornar al esquema histórico restringido. Esta modificación implicaría la eliminación definitiva de los descuentos en las tarifas de gas para millones de usuarios de la provincia, incrementando la presión sobre las economías domésticas en el momento de mayor consumo estacional.
El debate por la quita de estos beneficios territoriales paralizó la actividad en el Congreso y desató una compleja negociación con las provincias. El jefe de Gabinete de la Nación se sumará a la cumbre de gobernadores del Norte Grande en Misiones con el objetivo de destrabar los votos necesarios en el Senado. El oficialismo nacional busca consensuar una propuesta que ligue la reducción de la Zona Fría a la creación de un régimen de “Zona Cálida” para compensar a las provincias del norte durante los meses de verano. Sin embargo, la estrategia de la Casa Rosada encuentra severas resistencias entre sus aliados parlamentarios y gobernadores del interbloque provincial, quienes reclaman el incumplimiento de promesas previas en materia de fondos coparticipables y compensaciones energéticas.
La resistencia al proyecto oficial no solo agrupa al bloque peronista, sino que fracturó la postura de los legisladores de la Unión Cívica Radical y de fuerzas provinciales aliadas. Senadores de distintas extracciones políticas manifestaron su rechazo a convalidar un recorte de subsidios en medio de un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo. Incluso dentro de las provincias gobernadas por signos políticos cercanos al oficialismo nacional se alzan voces que consideran inoportuno discutir la quita de la Zona Fría durante el invierno. De este modo, mientras en el territorio bonaerense se multiplican los amparos judiciales por tarifas millonarias, la resolución del conflicto queda supeditada a la fragilidad de los acuerdos políticos en la Cámara Alta.
