Un relevamiento oficial elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas sobre las economías hogareñas al revelar que seis de cada diez familias residentes en territorio bonaerense debieron recurrir al endeudamiento para costear necesidades básicas. El estudio técnico, titulado “Hablemos de deudas: desigualdades, informalidad y género”, analizó en profundidad el comportamiento financiero de los hogares y expuso la vulnerabilidad socioeconómica que atraviesan amplios sectores de la población. De acuerdo con los datos recabados por el organismo de control, los préstamos solicitados por los ciudadanos no se destinan a bienes de consumo durables o esparcimiento, sino a la adquisición de alimentos, medicamentos, el pago de alquileres y la cancelación de tarifas de servicios públicos esenciales.
El problema estructural se agrava al analizar la capacidad de pago y la morosidad acumulada en el actual contexto de crisis. El informe advierte que tres de cada cuatro familias que contrajeron deudas aún no han podido cancelarlas, lo que genera un efecto de bola de nieve en las economías domésticas del distrito. Esta imposibilidad de saneamiento financiero genera un impacto directo en la salud mental de los afectados, provocando cuadros severos de angustia y estrés crónico en los jefes de hogar. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo instó formalmente a la administración del gobernador Axel Kicillof a fortalecer y ampliar de manera urgente las políticas públicas de cuidado dirigidas a los sectores más desprotegidos de la provincia.
La investigación pone un foco metodológico específico sobre el impacto de la desigualdad de género en el acceso al financiamiento interno. El fenómeno del sobreendeudamiento castiga con mayor dureza a los hogares monomarentales, especialmente a aquellos donde las madres no perciben la cuota alimentaria por parte de sus exparejas. La falta de cumplimiento en el mantenimiento de los hijos empuja a las mujeres a cargo del hogar a buscar auxilio financiero de forma drástica para garantizar la subsistencia diaria. Esta brecha de género marca una notable asimetría en las necesidades de financiamiento, dejando a las familias con niños, niñas o personas mayores a cargo en una situación de extrema debilidad y desamparo legal frente a los compromisos asumidos.
Otro de los aspectos críticos que detalla el documento es la calidad y el origen del financiamiento al que acceden las familias vulnerables. La mayoría de los créditos tomados por los bonaerenses corresponden al circuito informal, recurriendo a prestamistas barriales o conocidos sin ningún tipo de garantía. Al no calificar para los requisitos exigidos por las entidades bancarias tradicionales o las plataformas de billeteras virtuales, los usuarios caen en redes informales que operan con tasas elevadas y sin regulaciones. Esta situación fue ratificada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien reconoció la existencia de una morosidad récord en el territorio provincial y sintetizó la gravedad del escenario al afirmar públicamente que las familias locales ya no logran llegar al día 20 de cada mes.
La crisis del endeudamiento doméstico no se limita al sector informal ni a los barrios populares, sino que también afecta de manera directa a los empleados del sector público. Un relevamiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) determinó que el 87% de los empleados estatales bonaerenses se encuentra actualmente endeudado. Dentro de ese universo, un 40% tomó compromisos financieros para sufragar urgencias médicas o el pago del alquiler mensual de su vivienda, mientras que un 37% lo hizo de forma directa para comprar comida, indumentaria básica o refinanciar deudas previas. Ante este escenario generalizado de iliquidez, en las barriadas de clase media baja y sectores populares está resurgiendo el trueque como un recurso desesperado de intercambio comunitario.
Frente a la complejidad del flagelo, la Defensoría recomendó una serie de medidas regulatorias y legislativas de aplicación territorial en los municipios de la provincia. El organismo sugirió impulsar proyectos de ley orientados a la refinanciación de deudas en hogares vulnerables y mejorar el acceso al mercado laboral formal. Asimismo, propuso desarrollar estrategias de prevención contra el sobreendeudamiento y profundizar las investigaciones con perspectiva de género para diseñar políticas basadas en evidencia científica. La estabilización de las finanzas familiares se presenta hoy como el principal desafío para contener el tejido social en la provincia más poblada del país.
