El Senado se prepara para una sesión clave en la que se debatirá un proyecto que podría redefinir la relación entre el Estado, la tierra y los derechos de quienes la habitan. Desde las 11, la Cámara Alta tratará la iniciativa de propiedad privada impulsada por el Gobierno, que elimina los límites para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, habilita desalojos exprés y modifica el régimen de expropiaciones. El temario también incluye el pago a fondos buitres y la aprobación de 50 pliegos judiciales.
El proyecto, elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llega al recinto con cambios tras negociaciones con sectores dialoguistas, pero mantiene su eje central: la eliminación de restricciones a la compra de tierras por extranjeros. La medida implica un giro profundo respecto de la normativa vigente, que buscaba evitar la concentración y extranjerización del territorio. Aunque se mantiene la prohibición para Estados extranjeros y empresas donde estos tengan participación, el resto del mercado queda abierto.
Las provincias conservarán la potestad de autorizar ventas, pero sin el marco nacional que hasta ahora fijaba límites claros. Para organizaciones sociales y ambientales, esto puede generar desigualdades entre jurisdicciones y abrir la puerta a operaciones especulativas en zonas rurales estratégicas.
Otro punto central del proyecto es la creación de un procedimiento de desalojo exprés para casos de usurpación. La iniciativa establece un plazo de 10 días para intimar el pago en contratos de alquiler y habilita notificaciones en domicilios físicos o electrónicos, incluso si el locatario no las recibe. Ante incumplimiento, el desalojo deberá tramitarse por el procedimiento más breve, de 10 días hábiles. Para sectores vulnerables, esto representa un riesgo concreto en un contexto de crisis habitacional.
En materia de expropiaciones, el proyecto endurece los criterios: la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá justificar cada caso con precisión. Se fija un tope del 30% para indemnizaciones por lucro cesante y se establece una tasa de interés equivalente al IPC más la tasa del Banco Nación.
El capítulo de manejo del fuego también genera preocupación. La iniciativa deroga la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 30 años en predios rurales incendiados. En bosques nativos se mantiene la prohibición, pero se elimina el plazo de 60 años. Organizaciones ambientales advierten que esto puede favorecer negocios inmobiliarios en zonas afectadas por incendios, un problema recurrente en varias provincias.
La sesión incluirá además el debate del proyecto que autoriza al Gobierno a pagar USD 171 millones a los fondos buitres Bainbridge y Attestor, con el objetivo de cerrar litigios y evitar embargos sobre activos argentinos. La discusión revive tensiones históricas sobre la deuda externa y la estrategia financiera del país.
Finalmente, el Senado votará 50 pliegos judiciales, mientras que otros 23 quedarán para una próxima sesión. La lista definitiva se conocerá horas antes del debate.
La sesión de este jueves no será una más: lo que se discuta y vote tendrá impacto directo en la soberanía territorial, el acceso a la vivienda, la protección ambiental y la política judicial del país.
