Un sistema en retroceso: del Martín Rodríguez al Raimondi
En Ituzaingó, el Complejo Martín Rodríguez–Viamonte atraviesa un proceso silencioso que ya llegó a la Legislatura porteña. Tres expedientes oficiales presentados en marzo exigen al Gobierno de la Ciudad que informe si planea el cierre total o parcial del hogar, si habrá traslados obligatorios y qué ocurrirá con los más de 400 residentes que viven allí. Los datos oficiales son contundentes: en el Martín Rodríguez residen 198 personas mayores —77 autoválidas, 67 semidependientes y 54 dependientes— y en el Viamonte otras 206. La Legislatura advierte que el Ejecutivo no aclaró si habrá cierres, reducción de personal o derivaciones masivas, y remarca que cualquier traslado compulsivo puede generar desarraigo, ruptura de vínculos y un impacto negativo en la salud física y emocional de los adultos mayores.
La preocupación creció cuando se conoció que la licitación 7411-2032-LPU25, lanzada en diciembre de 2025 para contratar servicios privados de alojamiento por más de $45.424 millones, fue diseñada para 701 plazas pero terminó adjudicando solo 429. Quedaron 272 personas sin destino claro. Entre los inmuebles adjudicados aparece el edificio de Cátulo Castillo 2454, conocido como “Hotel La Fuente”, con alertas públicas por invasión de ratas, cucarachas y falta de accesibilidad. A esto se suma la implementación del programa de “desinstitucionalización” creado por la Resolución 682/25, que ofrece un subsidio económico para que residentes autoválidos abandonen los hogares públicos. La Legislatura pidió detalles sobre vivienda, acompañamiento profesional, criterios de seguimiento y mecanismos de reingreso, pero nada de eso fue respondido. El temor es que el proceso derive en un vaciamiento progresivo del sistema estatal de cuidados.
Ese mismo patrón —reducción de plazas, presión para egresar residentes, precarización laboral y transferencia de funciones a privados— hoy se replica en Necochea, donde el Hogar Dr. Alejandro Raimondi atraviesa su momento más crítico.
Lejos de una metáfora por su fachada antigua y gótica, el verdadero “horror” en Necochea se vive en el plano social y laboral. El Hogar Dr. Alejandro Raimondi, un histórico dispositivo dependiente de la Ciudad de Buenos Aires pero radicado en la ciudad balnearia, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la llegada de Belén Rimoldi, Directora General de Política Asistencial de Personas Mayores del GCABA. Bajo la gestión de Rimoldi —y ante el silencio cómplice de la dirección del hogar—, se profundizó un proceso de vaciamiento que comenzó años atrás con la falta de reemplazo del personal jubilado. La precarización laboral estalló tras la pandemia: hoy en día, aún existen trabajadores bajo contratos basura que cumplen las mismas funciones y horarios que la planta permanente, pero percibiendo la mitad de su salario y sin ningún tipo de beneficio social.
A esto se suman quejas sobre el área de Salud Mental del propio hogar, donde los residentes denuncian maltratos continuos durante sus tratamientos y una flagrante incompatibilidad horaria de los profesionales (un psiquiatra y dos psicólogas), quienes atienden en sus consultorios privados mientras firman planillas con horarios falsos de entrada y salida en la institución estatal.
Existe una grieta ideológica y operativa dentro del propio espacio político oficialista (PRO). Mientras la gestión anterior impulsaba una política de turismo para la tercera edad entre Capital Federal y Necochea, la nueva administración de Rimoldi justifica el ajuste alegando que en CABA hay una lista de espera de más de 100 adultos mayores. Sin embargo, las medidas adoptadas contradicen el discurso de “dar más cobertura”. El subsidio de desinstitucionalización (Resolución 682/25) ofreció $800.000 mensuales a residentes autoválidos para abandonar los hogares públicos. La contrapartida exigía renunciar a la plaza estatal y rendir gastos con comprobantes. En Necochea, el plan fracasó por el pánico al desarraigo. A esto se sumó el bloqueo de ingresos y el fin de la reciprocidad: por orden de Rimoldi, el Raimondi prohibió el ingreso de nuevos residentes de Necochea, rompiendo el acuerdo firmado en 2021 entre Arturo Rojas y Horacio Rodríguez Larreta. La contradicción es total: la Ciudad cierra el acceso a los ancianos locales, pero sigue utilizando los recursos de Necochea, saturando ANSES, PAMI y el sistema de salud municipal y provincial.
La explicación detrás del vaciamiento aparece en los papeles legislativos. La licitación 7411-2032-LPU25 adjudicó servicios a empresas privadas con antecedentes dudosos. En Lima 1697, adjudicado a Martomed SRL, se investiga si convivirán huéspedes de hotel con adultos mayores derivados por la Ciudad. En Cátulo Castillo 2454, adjudicado a Residencia San Nicolás SRL, funciona el “Hotel La Fuente”, con alertas públicas por invasión de ratas, cucarachas y falta de accesibilidad. Los plazos de adjudicación coinciden con los dos años de gestión que le quedan a Jorge Macri, lo que deja entrever un negocio millonario que no garantiza continuidad ni estándares mínimos de cuidado.
El caso del Martín Rodríguez muestra el inicio de un proceso que hoy golpea de lleno al Raimondi. Un sistema que se achica, se privatiza y se aleja de su función original: garantizar cuidados dignos, estables y públicos para las personas mayores.
