El Fondo Monetario Internacional envió una señal contundente al Gobierno al advertir sobre fallas estructurales en la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia en las declaraciones juradas de los funcionarios. El mensaje aparece en la segunda revisión del Artículo IV, donde el organismo aprobó un desembolso de US$ 1.050 millones pese al incumplimiento de la meta de reservas.
El FMI ubicó la corrupción entre los principales “desafíos pendientes” y recordó que Argentina obtuvo solo 36 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. También citó informes internacionales que describen un deterioro en la calidad institucional.
El organismo fue especialmente crítico con los sistemas de declaración patrimonial, a los que calificó como poco verificables, poco transparentes y aplicados de manera desigual. Además, señaló que las normas sobre conflictos de intereses siguen siendo débiles y que la percepción de una Justicia politizada continúa afectando la confianza pública.
El contexto político agrava el cuadro: el Gobierno prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para presentar declaraciones juradas, una medida que beneficia a funcionarios que aún no cumplieron, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en cuestionamientos por inconsistencias patrimoniales.
El Fondo también alertó sobre el deterioro del crédito al consumo y la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo. La morosidad de los hogares llegó al 11,5% en marzo, un salto de más de ocho puntos en un año.
Para el organismo, la supervisión sobre entidades no bancarias y fintech debe fortalecerse de manera urgente, dado el rápido crecimiento del sector y los altos niveles de mora.
