El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva prórroga de 120 días para mantener en suspenso la Resolución N° 246/18, que establece las pautas para la aplicación de agroquímicos en el territorio bonaerense. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, representa la trigésima postergación de una normativa dictada a fines de 2018 durante la gestión de María Eugenia Vidal, la cual nunca llegó a entrar en plena vigencia debido al fuerte rechazo social y vecinal que despertó.
La resolución original de la entonces cartera de Agroindustria había sido duramente cuestionada por organizaciones ambientalistas por su carácter permisivo: no fijaba distancias mínimas de protección para las fumigaciones respecto de zonas habitadas y limitaba las restricciones en las inmediaciones de escuelas rurales únicamente al horario escolar. Ante el conflicto, la propia administración de Vidal suspendió su aplicación a principios de 2019, una inercia regulatoria que la gestión de Axel Kicillof continuó sosteniendo ante la complejidad de consensuar una ley marco.
Herramientas técnicas en desarrollo
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, conducido por Javier Rodríguez, argumentaron que durante este nuevo período de cuatro meses se continuará trabajando en el desarrollo de plataformas de control y ordenamiento territorial para compatibilizar la producción con la sustentabilidad ambiental. Los esfuerzos actuales se concentran en:
- Receta Digital: Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (Sigirao).
- Zonas de Amortiguamiento: Elaborar un protocolo específico para regular las aplicaciones terrestres y aéreas en áreas sensibles o de frontera urbana.
- Monitoreo Georreferenciado: Consolidar el sistema de restricciones territoriales que cruza las diversas ordenanzas locales y evalúa las capacidades de fiscalización de cada distrito.
A pesar de los avances del Observatorio Técnico de Agroquímicos —creado en 2020 para recopilar evidencia científica sobre el uso de fitosanitarios—, la persistente falta de una norma provincial definitiva deja la regulación en manos de la fragmentación de los municipios y de los sucesivos fallos de la Justicia, que viene imponiendo límites estrictos a las fumigaciones en diversos distritos del interior.
Esta dilatada indefinición regulatoria expone de manera factual la profunda tensión existente en las localidades agroindustriales bonaerenses entre las dinámicas del modelo productivo extensivo y la creciente demanda de las comunidades locales y las juventudes por el cuidado de la salud pública. La búsqueda de un equilibrio real entre la rentabilidad agraria y el derecho a un entorno sano sigue consolidándose como uno de los desafíos ambientales y políticos más complejos del entramado provincial.
