El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantados, pacientes en lista de espera y menores en tratamiento oncológico. La medida, oficializada este martes mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, suspende el financiamiento estatal parcial pero mantiene la obligación legal de las compañías de emitir los boletos sin costo.
El argumento de la desregulación
La normativa publicada en el Boletín Oficial argumenta que el esquema de subsidios, vigente para servicios de carácter interjurisdiccional, perdió su justificación económica tras la implementación del Decreto 883/2024. Aquella medida desreguló el sector al permitir a las empresas fijar de manera libre sus recorridos, horarios, modalidades y precios. Según el texto oficial, al modificarse la base regulatoria, la continuidad del fondo compensatorio resulta “innecesaria”, responsabilizando exclusivamente al sector privado del costo de la gratuidad.
Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de fiscalizar y garantizar que las prestatarias cumplan con la entrega de los pasajes establecidos por ley, incorporando además una cláusula transitoria para resguardar situaciones previas bajo el principio de seguridad jurídica.
El impacto en los derechos de los usuarios
El fin de estas transferencias directas modifica el escenario del transporte de larga distancia, un servicio clave para la conectividad de los habitantes del interior bonaerense que deben trasladarse por razones médicas o de estudio. Aunque el derecho de los usuarios permanece formalmente vigente y es exigible, la quita del financiamiento estatal traslada la carga económica total del beneficio a las empresas en un contexto de libre fijación de tarifas. Esta medida profundiza la línea de recortes nacionales sobre los fondos de transporte y abre un interrogante factual sobre cómo afectará la disponibilidad real de butacas para las poblaciones más vulnerables en las rutas del territorio provincial.
